Hoy se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Prevalecen hechos y datos para no celebrar. Es un día para denunciar que las mexicanas estamos viviendo el incremento de agresiones y violencia desde instituciones del Estado.
A pesar de que la Secretaría de Salud calcula en casi 150 mil a las mujeres que cada año deben ser atendidas en instituciones públicas por abortos mal practicados, ya son 17 los estados que aprobaron reformas para obligar a las mujeres a una maternidad no deseada. Perseguirán y encarcelarán a quienes decidan suspender su embarazo, en algunos casos aun cuando éste sea producto de una violación o ponga en riesgo su vida.
Sin respetar el laicismo del Estado ni tomar en cuenta los argumentos científicos, de salud y seguridad públicas, jurídicos y sociales, legisladores del PAN y PRI, principalmente, han dado satisfacción a sectores ultraconservadores pasando por alto que condenan a la insalubridad, la cárcel o la muerte a las mujeres y familias más vulnerables del país. Si bien el PAN ha planteado tradicionalmente la defensa de la vida desde su concepción, el papel que ha jugado el PRI en este embate contra los derechos individuales consagrados en los artículos primero y cuarto de la Constitución exige una observación ciudadana más acuciosa sobre sus acciones y sobre la oferta política que nos viene planteando a las electoras.
Por decisión del Congreso de Veracruz, la iniciativa para reformar en el mismo sentido la Constitución General será presentada en el Congreso de la Unión. Hemos presenciado la nula atención hacia otros movimientos y demandas sociales vinculados con decisiones legislativas, como el movimiento Ya Bájale o las horas de bicicleteo por la reducción de recursos públicos para los partidos políticos. No hay señales para confiar en ser escuchad@s y menos atendid@s. Retrocedemos décadas.
Como si la invisibilidad de las mujeres se multiplicara, no es posible dar seguimiento a la situación en que se encuentran quienes han sido encarceladas por decidir sobre su cuerpo y su futuro, pues están siendo indiciadas por homicidio, no por aborto. Estos 17 estados eliminaron atenuantes, endurecieron las penas y en Veracruz se califica de “avance” el obligarlas a tratamientos sicológicos cuando abortan por primera vez. Han aprobado legalmente que el ejercicio de la libertad y de la autonomía son enfermedad mental y delito. Diputadas y diputados del PAN y PRI, acompañados en ocasiones por Convergencia y PRD, no han dejado dudas sobre sus compromisos.
Otra expresión del desprecio hacia las mujeres más desprotegidas de parte de los diputados —federales— es la disminución de 27% de los recursos para apoyarlas directamente con dinero público, a pesar de que en la lectura general del Presupuesto 2010 se registre un aumento de 3.9%. El análisis correspondiente del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados revela que el Programa de Atención a la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud tendrá un recorte de 82.1%. El Programa de Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas disminuirá en 4.6% y el del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras en 7.8%.
Se suma a la lista de infamias la impunidad con que los suplentes de las diputadas-taxi —según la definición de Guadalupe Pacheco— han rendido protesta. No sorprende que los mismos partidos políticos que aprobaron en 2007 el aumento de 10% para la cuota de género sean los que burlan la ley en 2009. Al fin y al cabo sólo se trata de mujeres, como expresaron algunos legisladores. En materia de participación femenina en cargos de elección popular, en las últimas tres legislaturas federales el partido con menor porcentaje de diputadas en su bancada es el PRI (2003: 16.7%; 2006: 17.9%; y 2009: 21.5%).
Las cifras sobre demoras en impartición de justicia crecen exponencialmente, así como las denuncias del trato que reciben las mujeres que acuden a las instancias de procuración de la misma. Ni qué decir que persisten leyes que protegen a los agresores. Ya no son nota.
Para que no se pierda la tradición de denostar a las mujeres están las declaraciones del procurador de Justicia de Morelos ante el aumento de homicidios de mujeres en el estado. Ante su poco eficaz gestión les recomienda no salir a las calles, no provocar y permanecer recatadamente en sus casas.
Las mujeres más vulnerables, las que requieren ser protegidas por el Estado, están siendo las más violentadas por hombres y mujeres que integran algunas de las instituciones del propio Estado.
Consultora en comunicación pública y asuntos electorales
Opinión extraída del Periódico El Universal 25/11/2009
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