No deben manejarse los anuncios de eventuales alzas en las remuneraciones con propósitos de apuntalar los bonos políticos gubernamentales. Más aún, en momentos en los que la economía pasa por una etapa de recesión, una de cuyas consecuencias más graves es el aumento del desempleo, el manejo populista del tema salarial puede causar aún más daño.
En la última cadena sabatina, el presidente Correa anunció la aplicación del concepto de salario digno, que sería aquel con capacidad para cubrir la canasta familiar de $522,34; como, según el INEC, en los hogares ecuatorianos hay, en promedio, 1,6 personas que perciben ingresos, ese salario sería de $326 mensuales. De acuerdo con el anuncio presidencial, el salario digno se financiaría con un nuevo reparto de las utilidades empresariales, si bien no se explicó qué pasará con las empresas que no las tengan.
De otro lado, el presidente se refirió también a una nueva escala de salarios para el magisterio público, con sustanciales incrementos.
La ministra de la Producción ha salido a aclarar que lo del salario digno es solo una propuesta que aún se halla en debate y que no se aplicará desde enero de 2010. De otro lado, no se conocen el impacto en las finanzas públicas del eventual incremento en la remuneración docente ni las condiciones en las que operaría dentro de la reforma a la Ley de Educación.
Materias de tantas repercusiones por los costos de las empresas y la viabilidad de mantener e incrementar los puestos de trabajo o que tendrán un peso determinante en el crecimiento del gasto público merecen ser subordinadas a análisis técnico y financiero antes que ser lanzadas al vuelo en una tarima. Crear expectativas equivocadas genera sin duda adhesiones circunstanciales, pero puede causar daño al país con más pérdidas de puestos de trabajo o convertirse también en peligroso bumerán para el propio Gobierno al abrir expectativas imposibles de satisfacer.
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