Muchos periodistas ya manifiestan su inconformidad con el proyecto de Ley de Comunicación que deberá debatir la Asamblea Nacional. Los convocan algunos gremios, organizaciones de la sociedad civil o colegas. Sin embargo, el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, dejó para la historia la siguiente frase: “Yo no me preocupo por que empiecen a salir los periodistas a la calle”.
Cordero, connotado dirigente del oficialismo, con su actitud pudiera reflejar la de no pocos miembros de la cúpula correísta. En realidad, desde la conformación de la comisión que abordó el examen de los cuatro proyectos de Ley de Comunicación, estuvo claro que la opinión de periodistas realmente representativos e independientes no le importaba.
Betty Carrillo, presidenta de esa comisión, dijo que “el proyecto de ley lo que busca es garantizar y precautelar los derechos ciudadanos en los que todos tengan derecho a la expresión”.
Ni ella ni el proyecto final hablan de cuáles son los derechos de los periodistas en ejercicio, sean titulados o no. Tampoco de cómo se articulará esa futura ley con instrumentos legales como el Código de Trabajo.
Se quiere, además, dividir a la clase periodista entre titulados y no titulados, así como enfrentarla a las empresas. En fin, esta ley que se nos quiere imponer, que “va porque va”, no se sustenta en el derecho a una auténtica libertad de expresión para todos, sino sólo para quienes el régimen crea que deben ejercerla o se merezcan ese “privilegio”. Por eso a Cordero no le importa que los periodistas salgan a la calle.
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