El Gobierno cumple con la UMD

El Gobierno ha cumplido, mostrando sensibilidad histórica y altura de miras, con la recomendación parlamentaria que, desde el pasado 1 de abril, le instaba a realizar un reconocimiento público a los militares de convicciones democráticas, con especial mención de los agrupados en la Unión Militar Democrática (UMD), debiendo hacerse públicos con precisión sus sacrificios personales y profesionales. 

El Consejo de Ministros, en su reunión de 4 de diciembre de 2009, ha aprobado una Declaración Institucional de reconocimiento a los miembros de las Fuerzas Armadas en la transición a la democracia. En la declaración se señala la contribución a la consolidación del régimen democrático que, manteniendo la disciplina, realizaron la inmensa mayoría de los militares, pero destacando la mención singular que merecen los militares que más decididamente colaboraron con “la vertebración de las Fuerzas Armadas en el nueve ordenamiento constitucional”.

Si bien no todos los militares demócratas estuvieron encuadrados en la UMD –por diferentes razones, la mayoría simplemente por desconocer la existencia de la organización, dado su obligado funcionamiento clandestino–, lo cierto es que, con mucha diferencia, el principal núcleo de contestación a la dictadura y de apoyo a la democracia, desde las filas militares, estuvo en los pequeños grupos de oficiales y suboficiales integrados en la UMD.

Durante sus tres años de actividad organizada (agosto 1974-junio 1977), fueron los primeros militares en unirse a la lucha antifranquista de la mayoría del pueblo español, en la demanda de un sistema democrático con pluralismo político sin exclusiones y en el apoyo a las reformas militares democráticas. Conscientes como eran de los riesgos de su compromiso democrático, asumieron con dignidad la represión de la dictadura, que incluyó abusos sin cuento y, tal vez lo peor de todo, los presentó como traidores ante sus compañeros.

Distintas circunstancias de la transición política española, que tenía en la cuestión militar uno de los grandes obstáculos para la normalización democrática, impidieron la inmediata reparación de los oficiales expulsados de los Ejércitos por sus convicciones democráticas. El temor a la reacción desestabilizadora de los mandos militares, que llegaron a hacer del caso UMD una cuestión personal, fue posponiendo la rehabilitación legal y moral durante un tiempo excesivo –más de diez años– que, aunque no se pretendiera, fue dando pábulo, a su vez, a la persistencia de los argumentos ad hoc –indisciplina, politización, pretensión desestabilizadora– utilizados en su día por el régimen franquista para perseguirlos. 

Por ello, es de esperar que la declaración institucional, con publicación en el Boletín Oficial del Estado y de Defensa, sirva para devolver a los militares de la UMD –nunca es tarde si es justo– el destacado lugar que les corresponde en la transición política y el prestigio en las Fuerzas Armadas que durante muchos años, con métodos innobles, les han pretendido arrebatar y que, como militares y como ciudadanos, merecen por su trayectoria intachable.

Si, como señala la Declaración Institucional, es de justicia poner de manifiesto el patriotismo y la alta conciencia democrática de los miembros de la UMD, también es de justicia reconocer, considerando los antecedentes de otros gobiernos, que es al Gobierno socialista, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero y con Carme Chacón como ministra de Defensa, al que le corresponde el honor de la reparación moral de los hombres de la UMD.