La negativa de Torrijos a una comisión de investigación impide el “Pacto por Mercasevilla”

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla valoró la reunión mantenida entre los tres grupos políticos municipales para tratar de alcanzar un acuerdo para suscribir el Pacto por Mercasevilla, lamentando que el alcalde y presidente de la empresa, Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE), no haya asistido a la misma y asegurando que, en cualquier caso, no suscribirán "pactos de silencio para acallar la corrupción" que les haga ser "cómplices" de la misma.

   En rueda de prensa, el portavoz municipal adjunto del PP y consejero de Mercasevilla, Beltrán Pérez, señaló que en el encuentro echó de menos a la representación de las partes sociales implicadas en la situación de Mercasevilla, en referencia a los trabajadores que desarrollan su labor en el seno de esta empresa, "pues consideramos que deben tener un papel activo".

   Pérez explicó que los populares han llevado al encuentro su propia "hoja de ruta", dividida en cuatro bloques, para trabajar por el fortalecimiento de la empresa, dentro de la cual el primer bloque, que pretende atender las reivindicaciones de todos los colectivos que trabajan en el ente por la "paz social", ha sido aceptado por el gobierno.

   No obstante, Pérez sí alertó de que la situación de los trabajadores prejubilados, pendientes aún de cobrar percepciones contempladas en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de 2007 el gobierno ha asegurado que Mercasevilla asumirá por el momento el pago de la mensualidad de diciembre en los próximos díases "la más perentoria" y que, en este sentido, "más de 40 familias no pueden depender de la consecución de acuerdos para ir cobrando mes a mes cantidades orientadas en un periodo de 15 años". "Necesitan estabilidad y gestión del cobro", recalcó.

   En lo relativo al segundo bloque, relacionado con la gestión económica y financiera del organismo y que cuestiona al gobierno por aspectos tales como el estado de la auditoría de Deloitte, el plan de viabilidad, la sucesión de activos y pasivos de la Fundación Mercasevilla, las tasas o la situación del director general, Jordi Maymó, el portavoz municipal adjunto popular explicó que en la mayoría de los puntos ha sido remitido al consejo de administración que se celebrará en la segunda quincena de enero -también en los del tercer bloque, relacionado con la gestión de futuro de la empresa-, por lo que cualquier acuerdo sobre el pacto en este sentido queda aplazado hasta saber las respuestas a estas cuestiones.

   "No se nos ha dicho que no a ninguno de estos tres bloques y se nos ha remitido a futuras conversaciones", señaló, agregando que respecto a estas propuestas el PP deja "abierto" el proceso de diálogo y se pone a disposición del gobierno municipal para una gestión que logre sacar a Mercasevilla de sus problemáticas, "aunque sin depositar de golpe y porrazo toda la confianza a los gestores que han puesto a la empresa en esta situación".

EL PACTO, UNA "DECLARACIÓN DE INTENCIONES"

   No obstante, Pérez lamentó el "rechazo de plano" que el gobierno municipal ha establecido respecto al cuarto bloque, que pretendía un análisis sobre la gestión de los administradores de Mercasevilla y que tenía como punto principal la instauración de una comisión de investigación en el seno del Consistorio, ya que, sin perjuicio de dejar que los tribunales sigan su proceso, "propongo que participemos activamente en la investigación y que en tres o cuatro meses acabemos de un golpe con los escándalos".

   A su juicio, "lo peor para los ciudadanos sería cerrar el caso en falso y que piensen que en lo único que los políticos somos capaces de ponernos de acuerdo es en silenciar la corrupción", por lo que el PP, sin cerrar la negociación o el acuerdo, sí dejó claro que "no suscribiremos ningún pacto de silencio".

   Asimismo, el consejero popular de Mercasevilla señaló su acuerdo, en líneas generales, con lo expuesto en el decálogo del Pacto por Mercasevilla --se mostró en contra de la privatización de la empresa y estuvo de acuerdo en tomar medidas para explorar nuevos mercados o salvaguardar el buen nombre del ente y sus empleados, entre otros aspectos-, si bien lo calificó de "declaración de intenciones", defendiendo la concreción de los puntos de la propuesta del PP.

 TORRRIJOS: “REUNIÓN POSITIVA”

Por su parte, el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla y vicepresidente segundo de Mercasevilla, Antonio Rodrigo Torrijos (IU), valoró en términos positivos la reunión mantenida entre los tres grupos políticos.

   En rueda de prensa, Torrijos, no obstante, consideró que de los cuatro bloques de propuestas entregados por el Grupo Popular como hoja de ruta para trabajar por la empresa, uno de ellos -concretamente el cuarto bloque, en el que se pretende un análisis sobre la gestión de los administradores de Mercasevilla y su Fundación Socioasistencial y que, entre otros aspectos, pretende instaurar una comisión de investigación en el Consistorio- es "legítimo" pero "incompatible y antitético" con el objetivo del pacto, razón por la cual no ha sido aceptado.

   Tras recordar que Mercasevilla cuenta con unos 220 trabajadores y mueve anualmente una cantidad de productos alimenticios cercana a los 400 millones de kilogramos, el vicepresidente del organismo recordó que los hechos que están siendo objeto de investigación judicial pueden intervenir sobre la realidad de la merca, a lo que también se suma la realidad de la empresa, en la que hay conflictos abiertos con los trabajadores, los mayoristas y los minoristas.

   Por ello, Torrijos calificó de "imprescindible" la suscripción del pacto, en el que como premisas se encuentran la necesidad de "salvaguardar" el buen nombre de la empresa y sus trabajadores, "que debe mantenerse en el marco de un debate político sano y alejado de controversias, con suficiente prudencia y sin ejercicios demagógicos", así como "dejar que los tribunales realicen las labores de investigación pertinentes para depurar las responsabilidades que correspondan".

   El mantenimiento del carácter público de Mercasevilla, la búsqueda de soluciones para que los prejubilados reciban las cantidades acordadas en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) -el pago de la mensualidad de diciembre será desbloqueado en estos días, según aseguró Torrijos-, el mantenimiento de las tasas -contrariamente a lo que propugna un sector de los mayoristas-, controles periódicos y racionalización de gastos son otros aspectos que, junto al impulso de nuevas actividades o el establecimiento de cauces de asesoramiento a los comerciantes, se contemplan en el texto del acuerdo suscrito por el equipo de gobierno.

   Asimismo, se pretende abrir un debate entre todas las partes implicadas, que se convocará en la segunda quincena de enero, para hallar soluciones a los problemas de funcionamiento del mercado, con la pretensión de encontrar consenso.