Denuncia de conspiración sin presentar pruebas

No es la primera vez que el Gobierno denuncia  una conspiración. Meses atrás, lo hizo el vicepresidente,  el que se refirió a una reunión de militares en servicio pasivo. Estos días, lo ha hecho el presidente, que  aludió como  indicios para su denuncia a ciertos elementos de las Fuerzas Armadas  vinculados al ex presidente Lucio Gutiérrez y  a unos correo electrónicos que habrían circulado en los cuarteles, en los que se divulga la falsa especie de que se eliminará el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y que se le quitará a la institución la Escuela Politécnica del Ejército. El Gobierno ha mencionado también, como parte de la supuesta conspiración, a  fundaciones estadounidenses de extrema derecha y a organizaciones indígenas.

Una denuncia tan grave no debe  presentarse sin las debidas verificaciones; y, si las hay, lo obvio sería que se la ponga en manos del Ministerio Público, pues   la conspiración contra un Gobierno legítimo es un delito tipificado por las leyes penales.  No resulta  responsable echar a rodar una denuncia de ese calibre sin los debidos sustentos y pruebas.  Hacerlo   deja la sospecha de que se quiere levantar fantasmas para curarse en salud  de la pérdida de popularidad del Gobierno y de acciones de protesta que se han anunciado para enero.

Por las circunstancias históricas y políticas absolutamente diversas,  resulta en extremo arbitrario y traído de los cabellos mencionar en la supuesta conspiración, inclusive, al riesgo de un golpe similar al que ocurrió en Honduras.

La ciudadanía aspira a que el Gobierno concluya el período para el cual fue elegido.  Los únicos riesgos desestabilizadores provienen del propio Gobierno, de la práctica política presidencial  de ataque y confrontación  permanente con grupos sociales, de los afanes concentradores del poder y, sobre todo, de un manejo de la economía con deplorables resultados, como la paralización de la inversión privada y el aumento del desempleo.