Fin a la guerra encabezada por el alcalde de la localidad de Vic contra los inmigrantes. Más de una semana lleva Josep María Vila d'Abadal (CiU) luchando porque los inmigrantes sin visado no sean empadronados en ‘su’ municipio. Estas declaraciones han levantado ampollas y, posiblemente, sean el precedente de futuras 'luchas' contra los ‘sin papeles’.
De momento, no hay debate más allá de la legalidad. Si acaso, cambiarla. Pero hoy por hoy, los alcaldes tienen que ser los primeros en cumplir la ley y empadronar a toda persona. Luego, ya habrá medidas de expulsión si proceden, pero siempre dejando de lado informes de bufetes -como el de Roca- o palabras fuera de tono como las de más de un líder de la oposición o el tripartito.
Este enfrentamiento ha creado en España, además de un debate político y social, la ‘ira’ del Gobierno por el intento del alcalde de incumplir la ley, lo que ha llevado tanto la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, como al propioZapatero a hacer declaraciones al respecto asegurando que España no dejará sin cobertura a ningún inmigrante que carezca de visa. Así, esta iniciativa chocaba con la ley española de Régimen Local, que considera que toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el padrón del municipio en el que resida habitualmente. De momento, el único requisito que el Gobierno acentúa como necesario para formar parte del padrón es tener el pasaporte en regla.
Reacciones de inmigrantes y otros países
La propia embajada de Ecuador así como asociaciones de inmigrantes recriminaban esta semana el NO a los 'sin papeles'. Las asociaciones de inmigrantes Rumiñahui, Aculco, Vomade y Ari-Perú anunciaron este martes que estudiaban la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional si se cumplían las medidas.
Mediante un comunicado conjunto, denunciaban la "irresponsable manipulación" de la Ley de Extranjería y de la Ley Reguladora a las Bases del Régimen Local "con fines meramente electoralistas y que rayan en prácticas racistas y xenófobas". Además, su reclama se centraba en que dicha medida tendría consecuencias sobre aspectos básicos como la salud y la educación, ya que sin empadronamiento no se puede acceder a la tarjeta sanitaria ni a la escolarización, privando así de dos derechos fundamentales.
Por otra parte, la legislación diplomática recordaba que los Estados tienen un compromiso irrenunciable frente a la promoción y protección de los derechos humanos, y esa obligación legal impone a las autoridades públicas unas conductas de respeto a tales derechos.
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