El representante del Estado nacional en el juicio a Reynaldo Bignone pidió 25 años de prisión para el último dictador y otros cinco generales, por considerarlos penalmente responsables de 25 desapariciones forzadas y decenas de tormentos, allanamientos ilegales y robos cometidos en Campo de Mayo durante la última dictadura militar.
El pedido lo hizo Ciro Annichiarico, representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, al concluir su alegato ante el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín, donde se desarrolla el juicio oral y público.
El querellante oficial pidió igual pena para el ex comandante de Instituto Militares, Santiago Omar Riveros; para los generales Jorge Osvaldo García y Fernando Verplaetsen, y para el entonces jefe de la inteligencia militar, Alberto Roque Tepedino, mientras que para Eugenio Guañabens Perelló pidió 20 años de prisión
En este proceso sólo se juzgan delitos contra 58 víctimas de las 5.000 que se estima pasaron por la guarnición, donde funcionaron cuatro campos de prisioneros con escasísimos sobrevivientes.
Bignone, de 81 años, escuchó durante seis horas el minucioso detalle sentado en el banquillo de los acusados junto a los otros imputados, los generales Santiago Omar Riveros, Jorge Osvaldo García, Eugenio Guañabens Perelló y Roque Tepedino.
El único ausente en la audiencia fue el entonces jefe de inteligencia del Comando de Instituto Militares, Fernando Verplaetsen, internado en el Hospital Militar Central, y que junto a Riveros y García ya fue condenado el año pasado por el homicidio del adolescente Floreal Avellaneda, también en Campo de Mayo.
Otro acusado, el comisario Germán Montenegro, que comandó la comisaría de Bella Vista, no está requerido por las causas que llevó la Secretaría de Derechos Humanos y no debe presentarse todavía.
Además de los tormentos, allanamientos ilegales y robos, el principal delito imputado a los militares es el de "privación ilegal de la libertad agravada por el tiempo transcurrido", ya que como nunca se encontraron los cadáveres no pueden ser acusados por homicidio, con penas previstas hasta de reclusión perpetua.
El alegato del representante oficial fue seguido por decenas de personas en un auditorio en cuyas primeras filas de asientos se ubicaron enormes fotos de las víctimas con sus nombres y fecha de secuestro, a la vista de los jueces Marta Isabel Milloc, Héctor Sagretti y Daniel Alberto Cisneros, y de los propios acusados.
La Secretaría de Derechos Humanos es una de las seis querellas reconocidas en este juicio y tras su alegato proseguirá mañana el de la abogada Alcira Ríos, con casos de apropiación de bebés.
Para el martes 9 está agendado el alegato de la fiscalía; para el 10, el de las Abuelas de Plaza de Mayo, y para el jueves 11 el de la querella unificada.
Los días 18, 23, 24 y 25 del corriente serán destinados a los alegatos de los defensores oficiales de los acusados, mientras que para los días 2 y 4 de marzo están agendadas las réplicas y las dúplicas.
El TOF 1 de San Martín aún no fijó fecha para dar a conocer la sentencia, que podría dictarse a partir de la segunda semana de marzo.
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