La juez que investiga la petición de comisiones ilegales en Mercasevilla ha confirmado el procesamiento de los cuatro acusados, si bien reconoce que los indicios son "débiles" contra el delegado de la consejería de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, y la funcionaria M.R.P.B.
La juez de instrucción 6, desestima también la petición del PP, personado como acusación particular, de imputar en la causa como encubridor al alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín y a dos directores generales de la Junta.
La juez confirma el proceso contra Rivas, la funcionaria y contra los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, acusados de un presunto delito de cohecho por pedir una comisión ilegal de 450.000 euros al Grupo La Raza como condición para ser adjudicatarios de la Escuela de Hostelería de Mercasevilla.
La juez cita a los imputados el próximo 10 de marzo para la comparecencia prevista en la Ley del Jurado, previa a la remisión del sumario para su enjuiciamiento ante un tribunal del jurado, si bien el abogado Carlos Galán, que defiende a la funcionaria M.R.P.B., ha dicho que va a recurrir este auto ante la Audiencia Provincial.
En cuanto a Rivas, dice el auto que el material probatorio contra él es "débil", pues se basa en la declaración policial de Fernando Mellet y el Tribunal Supremo exige que, en estos casos, haya "una mínima corroboración" de su culpabilidad.
Pese a ello, sostiene que en el momento actual "solo es necesario y suficiente la previa valoración de la verosimilitud de la imputación" contra Rivas y un archivo sería "notablemente prematuro", por lo que la juez dice a su defensa que tiene por delante un "largo trayecto" donde podrá conseguir que "se desvanezcan" los indicios de su participación en el cohecho.
Por otra parte, el auto califica de "inapropiada e injusta" la afirmación del abogado del PSOE sobre el "impacto mediático" que tendría el procesamiento de Rivas y le pide "respeto a la función judicial" porque la juez no actúa "impulsada por el eco de los medios de comunicación o por cualquier otra razón exótica".
En cuanto a la imputación del alcalde que pidió el PP, el auto responde que "no existe base alguna" para hacerlo, pues "aunque es cierto que no formuló denuncia alguna, como hubiera sido lo mas adecuado, tan pronto supo de los hechos, si que realizó en breve espacio de tiempo actuaciones tendentes a que se conociera el presunto cohecho".
La juez también rechaza imputar un delito de prevaricación al director general de Formación para el Empleo de la Junta, José Manuel Fuentes Doblado, y a su sucesora, María José Lara González, por la subvención extraordinaria de 900.000 euros a la Escuela de Hostelería porque entendieron que se daban las "razones de interés público, social o económico" para concederla.
El auto rechaza que la fianza de 400.000 euros impuesta a los cuatro acusados sea excesiva, teniendo en cuenta que la futura multa que se les imponga pueda triplicar dicha cantidad, y ratifica que los imputados tienen la condición de funcionarios públicos por ser Mercasevilla propiedad del Ayuntamiento y la sociedad estatal Mercasa.
La juez afirma que este auto es firme y cita a los cuatro imputados el próximo día 10 de marzo para el último trámite previo a la remisión del sumario a un jurado popular, si bien Carlos Galán ha señalado a Efe que lo considera recurrible igual que lo ha sido el dictado en el caso Marta del Castillo, que fue visto en apelación en diciembre pasado ante la Audiencia provincial.
Junto a esta rama del caso, la juez mantiene abierta otra por lo que ha denominado "adjudicación fraudulenta" a la constructora Sando de la venta de los terrenos de Mercasevilla, en la que hay diez personas imputadas.
RECHAZA LA AUDITORIA DE MERCASEVILLA
Por otra parte, la juez que investiga presuntas irregularidades en Mercasevilla ha rechazado este jueves el informe de auditoria que le entregó en enero la portavoz del Gobierno municipal de Sevilla, Maribel Montaño, pues "no tiene nada que ver" con el que había pedido la juez, relativo 2007, 2008 y 2009.
La juez de instrucción 6 de Sevilla, en una providencia dice que el informe que Montaño entregó, en nombre de Mercasevilla, analiza "los estados financieros de los cuatro primeros meses de 2009, sin que el mismo tenga nada que ver con el informe de gestión de procedimiento relativo a los años 2007, 2008 y 2009 que fue ordenado por la Comisión de Auditoría" de la empresa pública el pasado abril.
Añade la resolución que "se ignora el motivo por el que no se ha entregado aún el referido informe de gestión encargado", que debía incorporarse a las diligencias judiciales que investigan la presunta "venta fraudulenta" de los terrenos de la compañía y la petición de una comisión ilegal de 450.000 euros al Grupo La Raza como condición para adjudicarse la Escuela de Hostelería de Mercasevilla.
Montaño, acompañada del abogado que ejerce la acusación en nombre de los actuales dirigentes de Mercasevilla -empresa participada mayoritariamente por el Ayuntamiento y el ente estatal Mercasa-, acudió el pasado 27 de enero a los juzgados de Sevilla para entregar la auditoría sobre el mercado central sevillano.
Entonces declaró a los periodistas que el Gobierno municipal había cumplido con "su compromiso de entregar la auditoría simultáneamente al consejo de administración y a la juez".
Su objetivo, según manifestó, era que la juez "lo pueda valorar de primera mano y de manera simultánea" a la presentación que ese mismo día se hizo al consejo de administración.
La portavoz recordó que la auditoría entregada había sido acordada en el consejo de administración del 1 de abril de 2009 por los socios de Gobierno PSOE e IU, con la "falta de apoyo del PP".
Por ello, afirmó que "nosotros estamos cumpliendo y lamentamos la actitud del PP en este proceso".
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