Policías y jueces, inaceptable disputa

Los policías acusan a los jueces de soltar a los maleantes y asesinos a la calle. El episodio del intercambio de calificativos altisonantes entre un oficial de Policía y unos jueces que  se defienden desde un anacrónico espíritu de cuerpo no hace sino esconder los problemas de fondo.

Aquí lo que hay es una severa y repetitiva crisis institucional. Para los ciudadanos la justicia está en mora, no cumple su labor con rapidez, los procesos se empantanan y las triquiñuelas de tinterillos y picapleitos dan resultado. A través de artimañas alargan desesperadamente los tiempos de las causas y como resultado salen libres a la calle los acusados sin sentencia.

Las víctimas, como suele ocurrir, son de los estratos más pobres de la población, y sienten que la justicia no se hizo para ellos, sino que es  solamente un instrumento para los que tienen influencia.

Llama mucho la atención que el poder político entre al juego en esta inaceptable disputa. En vez de propiciar reformas efectivas a los códigos penales, en vez de ver los errores cometidos en la conformación de los organismos de la Justicia y de espulgar en las flaquezas de una institución policial también penetrada por la corrupción, se prefiere tomar partido y dividir el terreno entre ‘buenos y malos’.

¿Qué gana el país con acusaciones de ida y vuelta, cuando lo que se espera es que el Estado, con el Ejecutivo a la cabeza, revise y repare los errores de un sistema en descrédito?
La crisis  es tan profunda que mina las bases de la institucionalidad, ya de suyo penetrada y corroída. Si la Policía no cumple con su deber y a la vez no otorgamos  garantías para que los jueces actúen con independencia, ¿de qué seguridad jurídica estamos hablando?