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En materia de derechos humanos

Vivanco considera que Obama y Calderón deben cumplir promesas

Vivanco considera que Obama y Calderón deben cumplir promesas

En opinión del director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, los antecedentes del Ejército mexicano en materia de derechos humanos son sumamente preocupantes. Estima que es de gran importancia el encuentro entre los mandatarios de Estados Unidos y México.

El texto completo del artículo de Vivanco en Foreign Policy En español expresa lo siguiente:

Cuando el presidente mexicano, Felipe Calderón, visite la Casa Blanca hoy, es muy probable que Barack Obama exprese una vez más el apoyo incondicional de Estados Unidos a la lucha contra el narcotráfico en México.

Hasta el momento, este respaldo ha incluido fondos de asistencia por más de 1.300 millones de dólares (algo más de 1.000 millones de euros), destinados significativamente a las Fuerzas Armadas de México, como parte del acuerdo conocido bajo el nombre de Iniciativa Mérida. Sin embargo, el apoyo no ha contemplado sí debería incluir medidas concretas para que se cumplan los requisitos de derechos humanos acordados por ambos Gobiernos cuando suscribieron el plan.

Los antecedentes del Ejército mexicano en materia de derechos humanos son sumamente preocupantes. Los soldados destinados a operaciones de lucha contra el narcotráfico han cometido graves abusos, como asesinatos, torturas, violaciones sexuales y golpizas. Y si estas acciones por sí solos no resultan suficientemente inquietantes para la Administración Obama, el impacto que tienen en la eficacia de la guerra contra las drogas sí debería serlo. Cada vez que se cometen abusos contra civiles, los soldados contribuyen al entorno de violencia y desorden que permite la proliferación de los cárteles. Más grave aún, los delitos perpetrados por las Fuerzas Armadas socavan la confianza y la cooperación públicas que son indispensables para llevar a cabo operaciones eficazes contra el tráfico de drogas.

Estados Unidos y México incorporaron requisitos de derechos humanos a la Iniciativa Mérida -un plan integral iniciado en 2007 para afrontar el crimen organizado- con el propósito de ayudar a poner fin a esta plaga. Sin embargo, desde entonces el gobierno de Calderón ha ignorado estos estándares y ha actuado como si no existieran problemas de derechos humanos.

Cuando ambos presidentes se reunieron el año pasado en Guadalajara, Calderón llegó incluso a desafiar públicamente a los defensores de derechos humanos a que mostraran al menos un caso en el que las autoridades no hubieran actuado de manera correcta.
 
De hecho, la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha publicado informes exhaustivos sobre más de 50 casos de abusos graves perpetrados por el Ejército desde que Calderón asumió la presidencia en 2006. La CNDH informó, además, haber recibido otras 4.000 denuncias.

Asimismo, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, al igual que ONG locales e internacionales, ha documentado abusos sistemáticos por las fuerzas de seguridad del país desde que Calderón se encuentra en el poder.

El gobierno de Obama ha reconocido los problemas de derechos humanos que afectan al Ejército mexicano. Uno de los requisitos clave de la Iniciativa Mérida es que México adopte acciones para erradicar la tortura, garantizando que se juzgue a quienes cometan actos de este tipo, entre otras medidas. En su informe de 2009 sobre los requisitos de Mérida, el Departamento de Estado de EE UU advirtió acerca de los abusos continuos y señaló: “No tenemos conocimiento de que ningún funcionario haya sido condenado por torturas. Pese a que la ley lo prohíbe, tanto policías como agentes del ministerio Público han intentado justificar la detención de personas obteniendo la confesión de un delito por la fuerza”.

Otro de los requisitos es que los soldados mexicanos que cometan estos actos ilegales sean llevados ante una corte civil. El informe también concluyó que los casos de abusos por parte del Ejército continúan siendo juzgados en tribunales militares, que carecen de la independencia necesaria para asegurar que se haga justicia. Pese a estas conclusiones, la Administración Obama no ha tomado medidas para exigir el cumplimiento de estos estándares. Aunque el Departamento de Estado no sostuvo que México había cumplido con los requisitos, el 15% del total (supeditado al respeto de los derechos humanos) fue entregado de todos modos al país vecino.

Como consecuencia, México no sólo recibió los fondos adicionales, sino además el contundente mensaje de que Obama no tenía interés en exigir el cumplimiento de los requisitos sobre derechos humanos si esto implicaba avergonzar a un importante aliado estratégico.

El presidente estadounidense ha reconocido acertadamente la responsabilidad que comparte Estados Unidos en la lucha contra los cárteles mexicanos, ya que gran parte de los fondos y el armamento con que cuentan estas poderosas organizaciones criminales provienen del país al norte de la frontera. No obstante, al no exigir el cumplimiento de los requisitos en materia de derechos humanos, Obama se desentiende de una importante responsabilidad y pierde la oportunidad de colaborar con su vecino para que éste emprenda una campaña más eficaz contra los grupos vinculados al narcotráfico.

José Miguel Vivanco es el director para las Américas de Human Rights Watch.

 


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