El Boletín Oficial del Estado de este martes 25 de mayo publica la corrección de la siguiente manera:
"En la página 45121, artículo 14. Dos, donde dice: «A partir de la entrada en vigor de la presente norma y hasta 31 de diciembre de 2011…», debe decir: «A partir del 1 de enero de 2011 y hasta 31 de diciembre de 2011…».
En concreto, el decreto, dado a conocer ayer lunes, establece que ni las entidades locales ni sus entidades dependientes clasificadas en el sector Administraciones Públicas podrán acudir al crédito público a largo plazo, en cualquiera de sus modalidades, para financiar sus inversiones. E
l endeudamiento de las entidades locales alcanzó el año pasado un nuevo récord de 34.595 millones de euros, de los que 28.770 corresponden a los ayuntamientos y 5.825 a las diputaciones, consejos y cabildos insulares, según los datos procedentes del Ministerio de Economía y Hacienda.
De los datos se desprende que 8 de las 52 capitales de provincia españolas superaron en 2009 el listón de los 1.000 euros de deuda por habitante. El Ayuntamiento de Madrid suma casi tanta deuda como todas las demás capitales de provincia juntas. Los 6.777 millones que adeuda Madrid suponen casi la cuarta parte de la deuda de los más de 8.000 municipios que hay en España.
Asimismo, la norma dicta que
tampoco podrán sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes, a excepción de aquellas que en valores actuales netos resulten beneficiosas para la entidad local en cuestión en el sentido de que ayudarían a reducir la carga financiara, el plazo de amortización o ambas cosas.
El decreto, que ahora deberá ser convalidado por el Parlamento, también contempla que las operaciones a corto plazo concertadas para cubrir situaciones transitorias de financiación deberán quedar canceladas a 31 de diciembre de cada año.
Saneamientos
La norma establece además los destinos preferentes que deberán tener los ahorros de las entidades locales derivados de la reducción de gastos de personal en 2010 y 2011. Así, como primera referencia, el Gobierno señala que los ayuntamientos deberán dedicar estos ahorros a sanear sus remanentes negativos y, en segundo término, a reducir su nivel de endeudamiento a largo plazo. En tercer lugar, podrán destinar este dinero a financiar inversiones.
Cuando no sean posibles los dos primeros objetivos, los recursos no aplicados en el propio ejercicio a la financiación de inversiones se destinarán en sucesivos ejercicios a las finalidades antes señaladas en el mismo orden de preferencia (saneamiento, reducción de deuda e inversiones).
Asimismo, y dentro de las medidas económico-financieras de aplicación a las entidades locales, la norma introduce modificaciones en el régimen de provisión de funcionarios con habilitación de carácter estatal para mejorar el control de la gestión económico-financiera de dichas entidades y garantizar la independencia funcional de los empleados públicos.
Los ayuntamientos sufrieron el año pasado un déficit agregado equivalente al 0,5% del producto interior bruto (PIB) español. Su desfase fiscal es mucho menor que el del Estado central (8,7% del PIB) o el de las comunidades autónomas (2,2%), pero ha empezado a tener consecuencias en forma de subidas de impuestos, recortes de servicios, rebajas de sueldos o incluso despidos, como en Jerez de la Frontera (Cádiz).
El problema de los municipios es que buena parte de sus ingresos estaban ligados a la burbuja inmobiliaria. Muchos ayuntamientos financiaron sus gastos ordinarios con ingresos extraordinarios que parecían recurrentes, pero que han desaparecido. Ante la caída de los ingresos, ha tocado endeudarse. Las entidades locales elevaron su deuda el pasado año en 2.565 millones, incluidos 2.323 millones por las autorizaciones extraordinarias para atender el pago a empresas y autónomos. En las ciudades de más de 50.000 habitantes, el aumento de deuda ha sido del 9,4%, con un reparto nada homogéneo.
En términos absolutos han sido Ceuta (109 millones), Málaga (101 millones), Sevilla (100 millones) y Madrid (93 millones) los ayuntamientos que han elevado más su nivel de deuda. En términos relativos, hay 446 municipios en toda España que han aumentado su deuda más de un 100% en un solo año, entre ellos Ceuta y Cáceres. Y hay otros 380 ayuntamientos en los que el aumento ha sido superior al 50%, entre ellos Melilla, San Sebastián, Cuenca y Vitoria. Con todo, aún ha habido cerca de 3.000 municipios que han reducido su deuda y otros 2.845 que la han mantenido a cero, siempre según los datos difundidos ayer.
El incremento de deuda ha provocado que ya haya ocho capitales de provincia o ciudades autónomas que deben más de 1.000 euros por habitante: es el caso, por este orden, de Ceuta, Madrid, Teruel, Melilla, Málaga, Zaragoza, Tarragona y Valencia. Las capitales menos endeudadas son Bilbao, Toledo y Pontevedra.
El incremento de deuda ha sido menor gracias a
que los ayuntamientos se han servido para canalizarla del fondo de inversiones del Plan E. En 2009 recibieron 8.000 millones, que permitieron mantener las inversiones con menor coste con cargo al presupuesto propio. Este año recibirán 5.000 millones, pero los municipios han conseguido que un 30% sirva para financiar gasto corriente. En 2011 es cuando la situación será peor. No sólo desaparecerán los fondos extra procedentes de los planes de estímulo, sino que además llegará el momento de ajustar cuentas, porque las entregas a cuenta del Estado a los ayuntamientos han sido superiores a lo efectivamente recaudado, de modo que a los municipios les tocará devolver dinero.
Reunión de la FEMP
Por otra parte, la Comisión Ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) abordará el próximo martes, 25 de mayo, el ajuste de las retribuciones de alcaldes y cargos electos locales tras las medidas de ajuste aprobadas por el Consejo de Ministros la semana pasada. Es previsible que traten también estas medidas del control de endeudamiento.
El presidente de la FEMP, Pedro Castro, ya adelantó el pasado viernes la intención de la Comisión Ejecutiva de reducir en un 15 por ciento el sueldo de los alcaldes, siempre "en función de los tramos" y de las características de cada corporación municipal, con el objetivo de "intentar ahorrar y sacar a este país adelante".
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