Por delincuencia organizada era investigado desde enero Gregorio Sánchez, y así lo sabían en el PRD

El Partido de la Revolución Democrática fue notificado en enero anterior sobre la investigación que por delincuencia organizada se realizaba contra Gregorio Sánchez Martínez, antes de que éste fuera registrado como candidato de la alianza opositora para la gubernatura de Quintana Roo y ahora preso en el penal de Nayarit

Ante tales hechos en los que se hizo del conocimiento del PRD de la situación jurídica de Gregorio Sánchez, tanto la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República rechazaron que la indagatoria pudiera tener móviles políticos.

El portavoz de la Procuraduría General de la República Ricardo Nájera,  informó que la investigación contra Greg tuvo su origen en una denuncia que se recibió el 15 de enero de este año y  que relacionó a Gregorio Sánchez con “Los Zetas” y el cártel de los Beltrán Leyva.

Ese mismo día se hizo del conocimiento del PRD que había involucramiento de Sánchez Martínez en hechos delictivos y señalamientos directos sobre él.

Afirmó el portavoz de la PGR Ricardo Nájera que ex colaboradores del alcalde con licencia de Cancún, que están sujetos a proceso penal por el homicidio del general Mauro Enrique Tello Quiñones, quienes afirmaron que Sánchez Martínez recibía dinero de esos grupos delictivos. Incluso, existen declaraciones de testigos protegidos.

Asimismo, la Unidad de Investigaciones Financieras de la Secretaría de Hacienda detectó en febrero pasado ingresos mayores por parte de Sánchez Martínez, ya que sus entradas superiores, por supuestas actividades inmobiliarias, se estaban manejando por un millón 536 mil dólares, pero él operaba retiros constantemente por 2 millones 4 mil 699 dólares, que no correspondían a lo que percibía.

En conferencia de prensa, Ricardo Nájera indicó que Gregorio Sánchez Martínez quiso comparecer en calidad de testigo el 3 de mayo del presente año ante el agente del Ministerio Público Federal de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), pero se le informó que tenía calidad de indiciado.

“Él aceptó, a final de cuentas, comparecer en calidad de probable responsable, donde él específicamente se reservó su derecho a declarar y dijo que posteriormente la iba a presentar por escrito”, pero no lo hizo ni justificó los recursos que estaba manejando, por lo que se solicitó una orden de aprehensión a un juez federal, quien la otorgó por los delitos de delincuencia organizada, contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), mencionó el vocero de la PGR.

Recordó que en marzo de 2009 fueron detenidos varios de sus colaboradores cercanos involucrados con la delincuencia organizada.

“Con el tiempo fueron detenidas algunas otras personas (relacionadas con Los Zetas y el asesinato de Tello Quiñones y dos personas más en febrero de 2009) y también fueron puestas a disposición del juzgado todos aquellos relacionados específicamente con asuntos de delincuencia organizada. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta”, agregó.

Dijo que la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDICS/063/2010 se basa de origen en una denuncia anónima, pero dejó en claro que ésa no es la única investigación, ya que se están manejando diligencias en declaraciones de gente que actualmente se encuentran sujetas a proceso.

Ricardo Nájera descartó que este asunto tenga alguna implicación política. Y abundó: “el actuar de la PGR es de buena fe, pues es el representante de la sociedad, y esa buena fe es la que se ejercita para realizar todas las investigaciones en todos y cada uno de los casos, éste no es la excepción.”

La Secretaría de Gobernación hizo saber que “las indagatorias que realiza la PGR en el ámbito de sus atribuciones no tienen criterios de afiliación o simpatía política alguna, se centran exclusivamente en la conducta personal del indiciado y, en su momento, las autoridades del Poder Judicial serán las que determinarán si constituye un delito”.

Gobernación reveló que la PGR le solicitó intervenir para que se informara al PRD sobre la existencia de una indagatoria contra uno de sus militantes.

Se le dijo a ese partido que “el gobierno federal era respetuoso de los derechos y garantías individuales de todos los mexicanos, y en este caso no sería la excepción”, puntualizó la Segob.

La orden de aprehensión contra Greg Sánchez se debió a su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de “operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y delitos contra la salud en la modalidad de fomento”.

Al refrendar su respeto a las estrategias legales de cada partido, Gobernación reiteró su responsabilidad de garantizar, en el ámbito de sus atribuciones, “las condiciones necesarias para que se lleve a cabo de forma pacífica y ordenada el proceso electoral en puerta”.

La noche del martes dos agentes de la Policía Federal Ministerial cumplimentaron en el aeropuerto de Cancún la orden de aprehensión librada contra Gregorio Sánchez.

Dicha orden la libró el juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en Nayarit, pero Greg no pudo ser trasladado a la cárcel de El Rincón en Tepic debido a las malas condiciones climáticas.

Ante ello, debió permanecer Hangar de la PGR en el aeropuerto del DF hasta este miércoles y posteriormente fue recluido en el centro penitenciario.

Asimismo, la Procuraduría General de Justicia del DF mantiene bajo investigación a Gregorio Sánchez Martínez, candidato a la gubernatura de Quintana Roo, por el delito de falsedad de declaración.

La averiguación previa que mantiene abierta el Ministerio Público se deriva de una acusación que el alcalde con licencia de Cancún presentó contra el empresario Steve Santander Reyes por fraude.

Sánchez Martínez argumentó ante las autoridades judiciales que habían falsificado su firma en unos pagarés cobrables por la cantidad de 10 millones de dólares que adeuda al contratista.

Sin embargo, los peritajes en grafoscopía autentificaron la firma de Greg Sánchez, por lo que Santander Reyes y sus socios presentaron una contrademanda por falsedad de declaración.

Ambas denuncias están en curso en la Fiscalía de Delitos Financieros de la Procuraduría capitalina. “Tenemos una denuncia por el delito de fraude que él había iniciado, la investigación está todavía en proceso, no hay nada concreto y lo de la detención es un asunto del orden federal que no tenemos conocimiento”, dijo Miguel Ángel Mancera, titular de la PGJDF.