Industria estudia tomar medidas contra el fraude en el sector fotovoltaico

El sector fotovoltaico de Castilla y León, un referente a nivel nacional en cuanto a potencia instalada y volumen de empleo, está en el punto de mira, precisamente por su gran tamaño, de la caza de brujas iniciada por el Ministerio de Industria en busca de acciones fraudulentas.

El Ministerio de Industria ha elaborado un borrador de Real Decreto que remitirá esta semana al Consejo de Estado y que incluye la retirada de primas a las instalaciones fotovoltaicas que hayan cometido fraudes, así como la obligación de que estos promotores devuelvan las ayudas recibidas hasta la fecha. A pesar de la transparencia con la que el sector de la Comunidad ha ejecutado todas las instalaciones presentadas hasta la fecha, la decisión ministerial afectará en gran medida a los productores castellanos y leoneses debido a que la autonomía es la segunda región del país -sólo por detrás de Castilla La Mancha- con mayor potencial fotovoltaico gracias a un volumen de negocio de 500 millones de euros y 1.400 empleos.

Según esta orden, para establecer si ha existido fraude o no, se pedirá a los propietarios de las instalaciones documentos como facturas, albaranes de entrega de equipos, papeles de aduanas o certificados de obra.

De esta forma, podrá saberse si las plantas que se dieron de alta antes de septiembre de 2008, cuando expiró el anterior decreto de primas, el 661/2007, se encontraban efectivamente produciendo electricidad y tienen derecho a recibir las ayudas de la norma anterior, superiores a las actuales, informa ep.

El Real Decreto en el que trabaja ahora Industria recoge algunos de los puntos básicos de un borrador de norma ya elaborado en 2009, pero afina su contenido para evitar invadir competencias de las comunidades autónomas, que son las encargadas de autorizar las instalaciones.

Según la formulación que se maneja, las plantas fraudulentas dejarán de recibir la prima, que ronda los 450 euros por kilovatio hora (kWh), y deberán recibir una retribución similar a la del mercado mayorista, o 'pool', que se sitúa en torno a diez veces por debajo de este importe.

Además, deberán devolver las ayudas recibidas desde finales de 2008, esto es, la diferencia entre la prima y el precio marcado en el mercado mayorista. El dinero ingresado, añaden las fuentes, será considerado ingreso liquidable del sistema y servirá para reducir el déficit de tarifa.

En una propuesta remitida a Industria, la Asociación de la Industria Fotovoltaica (Asif) calcula que la retirada de primas a cerca de 600 megavatios (MW) de instalaciones fraudulentas podrían ahorrar al sistema entre 500 y 800 millones. De esta forma, podría recortarse entre el 20% y el 30% el coste de estas tecnologías.

Por otro lado, el sector aguarda a que, antes del 1 de julio, Industria anuncie un previsible recortes de primas que, según las empresas, podría situarse en torno al 45% para instalaciones de suelo y al 20% para las de tejado.