La chapuza y el Estatut

   En mi tierra cuando ocurre algo como lo sucedido con el Estatut se dice que "para este viaje no había hecho falta alforjas". Cuatro años de espera, el prestigio del Tribunal Constitucional por los suelos, la evidencia de una descarada polinización de la justicia y el bochorno generalizado de la ciudadanía viendo como una de las más importantes instituciones del país estaba enferma del peor de los males: el sectarismo, son algunas de las consecuencias de esta larga espera que ha concluido con una gran chapuza, una componenda, un apaño para salir del paso.

   Que el gran argumento sea que ¡Por fin! hay una sentencia, aunque gracias a su indefinición dibuje un horizonte plagado de pleitos  para interpretarla, da una idea del calibre del despropósito. Es verdad que gracias al empeño de uno de los magistrados, Manuel Aragón, tanto la definición de "Nación" -que está incluida en el preámbulo- como las referencias a la "realidad nacional catalana" carecen de eficacia jurídica, pero también lo es que deja en el limbo nada menos que 27 preceptos referidos a los derechos históricos y mantiene los artículos referidos a la bilateralidad entre Cataluña y el Estado lo cual no es moco de pavo.

   Es verdad que entre los artículos declarados inconstitucionales se señala claramente que el catalán no será, tal como se afirmaba, la lengua preferente en Cataluña pero permite mantener la ley de normalización que impide a los padres escolarizar a sus hijos en castellano. En resumen que con esta sentencia y, en sus artículos más conflictivos, se puede interpretar una cosa o la contraria, ver la botella medio llena o medio vacía según convenga y eso significa, ni más ni menos, que las relaciones entre España y Cataluña estarán sometidas a una enorme tensión ya que cada cual contará la feria según le va y al final se tendrá que dirimir casi todo lo fundamental en los tribunales.

   En cuanto a la reacción política, mal asunto si la cosa se plantea entre vencedores y vencidos. Aquí no gana nadie porque pierden los ciudadanos de Cataluña, que tienen motivos para sentirse indignados porque sus gobernantes en plena crisis económica en vez de ocuparse de sus problemas reales llevan cuatro años agazapados tras los  debates identitarios. Resulta llamativa y mucho la reacción del Gobierno hablando de derrota del PP, cuando solamente con que uno de los artículos hubiera resultado inconstitucional ya podrían argumentar que mereció la pena presentar el recurso y nadie puede  quitarle razones cuando el retoque puede afectar a más de 40. Lo más peculiar de las primeras reacciones ha sido el fuego amigo entre el PSC y el PSOE, entre Montilla y Zapatero. El presidente de la Generalitat no se cortó un pelo a la hora de lanzarle sus dardos envenenados a Zapatero que, finalmente, es el responsable último del desaguisado.

   Fue él quien por ganar un puñado de votos dijo en Cataluña que aceptaría el Estatut que saliera de allí sin tocarle una coma, y no cumplió. El fue quien puso la mano en el fuego sobre la constitucionalidad del texto y ahora ha quedado en evidencia y él quien ha permitido en su inconsciencia que se abran en canal todos los estatutos de autonomía. Ahora todos en su pecado, tendremos la penitencia.