Ataque a la universidad particular

Grande fueron la sorpresa y la preocupación de los rectores de las universidades particulares este fin de semana al haber conocido el fin de semana pasado el proyecto de Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) enviado por el presidente de la comisión, profesor Raúl Abad Vélez, al presidente de la Asamblea Nacional, arquitecto Fernando Cordero, que será votado el día de hoy en el Pleno. La sorpresa, porque se suponía que el texto anterior del proyecto de mayo del corriente contenía ya los consensos logrados y que de lo que se trataba era de disminuir los disensos existentes. Ese fue el espíritu de las conversaciones e, incluso, de las declaraciones oficiales de que, sin importar las presiones del tiempo, se trataba de aprobar una ley lo más consensuada posible. Lamentablemente, el proyecto entregado por el profesor Abad no solo que no avanza en los consensos, sino que además profundiza en los disensos y va marcha atrás de temas que se suponía ya habían sido aprobados como, por ejemplo, la exoneración de tributos y de derechos aduaneros a las universidades particulares. Por lo demás, de todos los puntos solicitados que afectan a la gobernabilidad y al financiamiento de la universidad particular, sobre todo de la que no recibe fondos del Estado, no se ha considerado favorablemente ninguno. Se sigue manteniendo el ingreso del personal académico, administrativo y laboral a las universidades particulares mediante concursos públicos de merecimiento y de oposición.

El destino de los bienes de una universidad particular que se extinga pasan a una universidad pública desconociendo el esfuerzo de los promotores y del grupo fundador.

Se instaura el mecanismo de elecciones, que tanto problema ha causado en general a las universidades, por la confrontación que implica y por la división que genera, para el nombramiento de sus autoridades académicas sin respetar los principios fundacionales de una universidad.

Pese a que las universidades particulares son sin fines de lucro, se les pone bajo la regulación del secretario de Ciencia y Tecnología para la fijación de sus aranceles. El Estado les impone además el 15% de becas, un arancel diferenciado para todos los estudiantes, sin apoyar en nada a las universidades, como sería el caso de las exenciones tributarias. ¿Cuál es el sentido de semejante política que confunde lo público con lo privado? ¿Debilitar y, en muchos casos, destruir a la universidad particular? ¿Por qué no seguir el procedimiento utilizado a escala mundial si lo que se quiere es la búsqueda de calidad, de los procesos de autoevaluación, evaluación y acreditación? ¿Por qué superponer controles e impedimentos hasta el punto de asfixiar a la universidad particular? Lo que está claro es que el presente proyecto, que se votará hoy, no tiene el consenso de la universidad particular, que se ve amenazada y no promovida a la calidad académica. La falencias de las universidades no pueden ser utilizadas como excusa para el control de las mismas y en mediano plazo su debilitamiento y su pérdida de calidad por culpa de otros.

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