martes 27 de julio de 2010, 22:38h
¿Qué ventajas tiene para el país la Ley de Hidrocarburos que ayer entró en vigencia por el Ministerio de la Ley? ¿Qué gana el Gobierno con una apuesta que pone en riesgo su estabilidad política? Según el Presidente de la República, la recuperación de la totalidad de la renta en los contratos de participación, y la soberanía sobre la explotación de crudo regida por contratos de participación que le sacan ventaja al alto precio en los mercados internacionales. ¿Significará esto que el Estado, al asumir la modificación de los convenios, pagará a las compañías por sus servicios y administrará los beneficios que, en el caso de una de ellas, llegó en algún momento al 1.574%? Nada de esto ha sido desmentido. Pero, además, la racionalización de la administración del sector hidrocarburífero, a través de un nuevo organismo en lugar de Petroecuador, permitirá que en el plazo de 120 días, bajo la modalidad de prestación de servicios con riesgo, costos y perfil de producción para las cinco empresas más grandes, y 180 días para las 29 empresas pequeñas, se concrete definitivamente.
También para las inversiones nuevas en exploración o recuperación secundaria. Hay que tener en cuenta que la compensación para los inversores está garantizada en la disminución del impuesto a la renta, del 44% al 25%. Si estas razones de recuperación del manejo de los recursos del país no bastan, entonces sería altamente gratificante reconstruir otros hechos producidos en los regímenes de Jamil Mahuad y Gustavo Noboa, tales como la entrega, conjuntamente con instalaciones y activos fijos, de los campos Palanda, Yuca Sur, Pindo, Bermejo, Tigüino, Charapa, Limoncocha, Palo Azul, Biguno, Paraíso, Coca Payamino, entre otros, bajo el pretexto de que la escasa producción le cuesta al Estado ingentes recursos, y conectarlos con los campos productivos alejados requiere de una cuantiosa inversión. Hoy, cuando el proceso de restauración de la dignidad nacional está en marcha y el precio del barril de petróleo se estabiliza a un promedio de 75-80 dólares, el imaginario colectivo registrará para la posteridad que un Gobierno se atrevió a cambiar el curso de la historia.