El ministerio fiscal considera que no existen suficientes indicios de delito para proceder contra los soldados norteamericanos, añadieron las citadas fuentes. El juez
Pedraz emitió el pasado 27 de abril un auto de procesamiento contra el sargento
Thomas Gibson, responsable del tanque que realizó el disparo al Hotel Palestina, y dos de sus superiores, el capitán
Philip Wolford y el teniente coronel
Philip De Camp.
Los delitos de los que les acusaba podrían ser castigado con penas de diez a quince años de cárcel con que el Código Penal español sanciona a quienes "con ocasión de un conflicto armado realizaran u ordenaran realizar ataques indiscriminados o excesivos o hagan objeto a la población civil de ataques, represalias, actos o amenazas de violencia cuya finalidad sea aterrorizarla".
El juez remitió entonces su auto por comisión rogatoria a las autoridades norteamericanas. En el documento, señalaba que una vez que los militares estén a su disposición, deberán prestar una fianza de un millón de euros a fin de satisfacer las responsabilidades civiles que pudieran derivarse del proceso.
En el auto, de cinco páginas, el juez señalaba que la actuación concreta de cada uno de los militares se determina "en base a sus propias explicaciones dadas en medios de comunicación, junto al informe sobre lo ocurrido que fue remitido por las propias autoridades de Estados Unidos".
También decía el magistrado en este documento que las fuerzas militares norteamericanas tenían conocimiento de que el Hotel Palestina no era objetivo militar y tampoco constaba la existencia de francotirador ni disparo alguno desde el tejado u otra parte del hotel contra las tropas norteamericanas. "Al contrario, son múltiples los testimonios que acreditan su inexistencia, teniendo en cuenta que el hotel estaba ocupado por periodistas en cada habitación, planta y tejado".
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