Este decreto podría “implicar serios obstáculos para la persecución de casos que involucran delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y graves violaciones a derechos humanos”, expresó la CIDH en un comunicado difundido por la agencia AFP.
La norma permite archivar juicios a militares acusados de matanzas contra civiles cuando se ha sobrepasado el límite de 36 meses para su juicio.
“La falta de investigación y sanción en casos de graves violaciones a los derechos humanos es incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual Perú es parte”, señaló la CIDH.
“La impunidad respecto de casos de delitos de lesa humanidad propicia la repetición de actividades contrarias a la democracia y a los derechos humanos”, agregó el ente de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En la víspera el presidente Alan García y el ministro de Justicia, Víctor García Toma, y hoy el ministro de Defensa, Rafael Rey, y el jefe del Gabinete, Javier Velásquez Quesquén, insistieron en que el referido decreto no beneficiará a acusados de crímenes de lesa humanidad como el Grupo Colina.
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