Hermano del Gobernador de Tarija es aprhendido por presunta corrupción

La radio Aclo de la Red Erbol reportó que la captura del acusado se produjo a la salida de su fuente laboral aproximadamente a las 13.30 por orden del fiscal Marcos Arce, quien indicó que tras una investigación que duró más de un año se confirmó que Pablo Cossio recibió recursos del Estado.

Según la explicación del representante del Ministerio Público, hay suficientes indicios de que el sindicado recibió más de 2.800.000 bolivianos destinados a la construcción de la piscina olímpica, por lo que ahora se le acusa de varios delitos, entre ellos, conducta antieconómica y uso indebido de influencias.

Por su parte, su abogado defensor Jaime Tapia indicó que ahora se encuentra encerrado en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen a la espera de su audiencia cautelar.

En La Paz, a través de un comunicado de prensa, el Ministerio de Transparencia ratificó que Pablo Cossio es investigado por la Fiscalía por los presuntos delitos de legitimación de ganancias ilícitas y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado.

De acuerdo al proceso de investigación, el Ministerio Público dio a conocer la existencia de una declaración judicial vertida por el empresario Víctor Sánchez Sánchez, socio de Sergio Donoso, representante legal de la Sociedad Accidental ECOTAR y Asociados, empresa que obtuvo la adjudicación de la obra.

En esta declaración Sánchez afirmó que entregó a Pablo Cossio Cortez, la suma de 2,8 millones de bolivianos con recursos provenientes del anticipo otorgado para la construcción de la piscina olímpica del Departamento de Tarija.

El Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción formalizó una denuncia tras evidenciar la existencia de una serie de irregularidades en la entrega de anticipos del IDH, para la ejecución de obras como la piscina olímpica, proyecto que no contaba con un diseño, planos, costos totales readecuados y otros requisitos.

El 12 de junio de 2008, el entonces Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción presentó una Proposición Acusatoria por este caso y otros cuatro Proyectos, ante la Fiscalía General del Estado, que presentó un requerimiento acusatorio ante la Corte Suprema de Justicia, por existir materia justiciable en contra de Mario Adel Cossío Cortez, Arturo Atilio Lema Molina, Mauricio Lea Plaza Peláez, Esteban Manuel Villena Martínez, Elvira Guillén Paz de Colofro, Jorge Antonio Ruiz Martínez, Marlen Litt Garzón, María Teresa Paz, Sandra Aguirre de Campero, Beatriz Murillo Ugarte, Manuel Fidel Cuevas Velásquez, Sergio Alberto Donoso Trigo, Miguel O’Connor Darlach Taborga y Carlos Eduardo Maldonado Zambrana, por los delitos de contratos lesivos al estado, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la constitución y a las leyes.