En un comunicado, este colectivo señala que, en los razonamientos jurídicos de su auto,
Garzón indica que
"Gorka Agirre ha venido desarrollando una labor objetiva de intermediación entre los miembros de la red de extorsión de ETA y personas concretas y determinadas, sin que, con ello, se prejuzgue en este momento la intencionalidad concreta y determinada del imputado de colaborar con ETA".
La plataforma en favor de Gorka Agirre considera que esta afirmación del juez "pone en duda" que el representante del PNV haya colaborado con la banda armada.
El juez Fernando Grande-Marlaska, tras tomar declaración a Gorka Agirre el pasado 28 de junio, dictó su libertad condicional bajo fianza de 30.000 euros, la obligación de comparecer ante la Justicia todos los lunes y prohibición de salir de territorio español sin autorización judicial.
Ante esta resolución, la defensa del burukide del PNV planteó un recurso de reforma contra este auto, en el que solicitó "la total libertad" para su defendido.
Gorka Agirre recibió el pasado 10 de octubre un auto del juez Baltasar Garzón, fechado el 20 de julio, en el que estima parcialmente el recurso y modifica las medidas cautelares impuestas por Grande-Marlaska.
En concreto, rebaja la fianza a 12.000 euros, las comparecencias ante la autoridad judicial serán los días 1 y 15 de cada mes, y no semanales, y cada vez que vaya a salir de territorio español lo podrá hacer, sólo con comunicar esa salida y destino.
Por su parte, la defensa de Gorka Agirre, ejercida por los abogados Arantza Isasmendi e Ibon Gainza, presentó el pasado 11 de octubre un recurso de apelación contra este auto por entender que el dirigente del PNV "nunca ha intermediado, pagado, gestionado o discutido el denominado 'impuesto revolucionario' por cuenta de nadie, sino todo lo contrario".
Por ello, los letrados solicitan "la revocación de la resolución" y que se dejen "sin efecto las medidas cautelares establecidas y sobreseyendo la causa".
Si (
No(
