Ramírez ratificó que la salud es un derecho constitucional y un servicio público que no debe ser negado por ninguna empresa privada de este sector. “Una persona que llegue a un centro de salud con la necesidad de ser atendida de manera urgente debe recibir el servicio de salud”, exclamó.
Las declaraciones las ofreció este martes en la Asamblea Nacional, tras la firma de un convenio insterinstitucional entre la Defensoría del Pueblo, el Instituto para la Defensa en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) y la Superintendencia de la Actividad Aseguradora para establecer una sala situacional destinada a recibir y atender denuncias sobre los incumplimientos con la Ley.
Ramírez, expresó que este convenio interinstitucional permitirá ser más eficiente en la aplicación de la normativa vigente en materia de la actividad aseguradora.
“Para que no dejemos ningún resquicio como Estado y evitemos que se pierda la vida de de quien requiera atención médica de emergencia”, exclamó.
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