Fuentes de la delegación del Gobierno aseguraron que "las fuerzas de seguridad, compuestas por la Gendarmería Real y las Fuerzas Auxiliares", han actuado "bajo la supervisión de las autoridades judiciales y con pleno respeto de la legislación vigente en tales casos".
Los asaltantes, prosiguieron, han detenido "en el campo de Agdeim Izik, al este de la ciudad de El Aaiún, a algunos individuos con antecedentes judiciales, y a otros en busca y captura después de la comisión de delitos, así como a algunos elementos oportunistas sin relación con las demandas sociales", que "tenían previsto explotarlas con fines políticos, de acuerdo con una agenda bien calculada".
"Estos individuos han ocultado de forma sistemática los resultados del diálogo iniciado hace semanas por las autoridades públicas sobre las demandas sociales expresadas por los saharauis en el campamento, han alterado su contenido, y han hecho uso de violencia física y psicológica contra los residentes del campo, especialmente los ancianos y las mujeres, con el fin de impedir que salgan del campamento, o desmantelar sus tiendas de campaña", prosiguieron las citadas fuentes.
Según la delegación de Gobierno, "las autoridades públicas han lanzado esta operación con el fin de mantener el orden público y garantizar la seguridad de los ciudadanos, después de haber agotado todos los intentos de establecer un diálogo serio y responsable, y después de que estos individuos ahora detenidos hayan emprendido acciones insoportables, en un acto de desafío flagrante de la ley".
Por otra parte, fuentes oficiales marroquíes aseguraron que las fuerzas de seguridad habían atacado bajo mandato judicial debido a que algunos activistas obligaban a la gente a permanecer dentro del campamento.
Asimismo, aseguraron que se han registrado "unos pocos heridos en ambas partes" y que el campamento había quedado "vacío de gente". No obstante, fuentes sahararuis y cooperantes españoles han acusado a las fuerzas de seguridad de hacer un uso desproporcionado de la fuerza tanto en el campamento como en la propia El Aaiún y que se han registrado "
varios muertos".
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El Gobierno del país vecino asegura que actuó "con pleno respeto de la legislación vigente"
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