Madrid subrogará la deuda de la M-30 y ahorrará 100 millones al año

Aunque se especulaba con que la reunión de este miércoles por la tarde podía hacer cambiar de idea a Zapatero con respecto a la refinanciación de deuda madrileña, el presidente no desdijo a su vicepresidente segundo ni a su secretario de Estado de Hacienda.

Un 'no' rotundo es lo único que ha obtenido Alberto Ruiz-Gallardón. No han servido las instancias al Gobierno para que no derogue los créditos ICO para ayuntamientos morosos, acusar de mentiroso a Zapatero, discutir con éste en plena calle, mandarle una petición formal o amenazar con llevarle a los tribunales. Madrid tendrá que hacer frente a la deuda que, según el Gobierno, ha generado por sí misma. Son 257 millones de euros de gasto corriente. Es decir, el que se utiliza para pagar a los proveedores.  Como la deuda queda pendiente, el Ayuntamiento va a tener que ampliar los plazos de pago, con el consiguiente perjuicio para estas empresas.

Ruiz-Gallardón argumenta que todos los municipios de España, a través de la Federación de Municipios y Provincias, ha instado al Gobierno a contemplar la refinanciación del 80 por ciento de los vencimientos de deuda de los municipios, tal y como pueden hacer el propio Gobierno y las comunidades autónomas. Máxime cuando el peso de la deuda de las administraciones públicas municipales representa el 6,3 por ciento, frente al 16 de las comunidades autónomas y el 77,7 por ciento del Estado. Más allá de este organismo representativo, el primer edil de la capital se ha autoerigido en portavoz de todos los pueblos del país para pedir cambiar lo que considera "una discriminación legal y carente de sentido en términos de solvencia económica".

Acuerdos internacionales

Pero Zapatero no ha cedido por "acuerdos internacionales", según Ruiz-Gallardón, que continúa explicando que sólo afectan a ese 6,3 por ciento del peso de la deuda: los ayuntamientos. Lo que no cuenta el alcalde es que también pesa en contra de las tesis municipales de Madrid la elevada deuda a largo plazo de la ciudad (representa un cuarto de la acumulada por todos los municipios, aunque según el alcalde esa deuda no supone un problema) y el plan de saneamiento financiero al que le tiene sometido el Gobierno. Además, como explicaba el Ministerio a Madridiario, la petición suponía transformar deuda a corto plazo en deuda a largo plazo, y, por tanto, incumplir la Ley Reguladora de Haciendas Locales.

    El alcalde, aunque se muestra decepcionado, asegura que va a seguir argumentando y negociando hasta que se apruebe la Ley General de Presupuestos del Estado. Es en ese punto en el que se sabrá si el Gobierno invalida la instancia de la FEMP. Entonces, la deuda financiera se transformará en deuda comercial y comenzarán los retrasos en los pagos a las empresas, cuyo período aún no se ha calculado. Además, el Ayuntamiento llevará al Estado a los tribunales. Por supuesto, la decisión de Zapatero condiciona los Presupuestos municipales, que tendrán que cuantificar esta deuda. A consultas de este digital, el alcalde explicó que no va a haber recorte en servicios sociales, aunque evitó puntualizar si se van a recortar otros servicios, dentro del replanteamiento de las finanzas que tendrá que acometer.

Subrogación de la M-30

Lo que sí ha conseguido el regidor del presidente es la subrogación de la deuda de la M-30. Al Ayuntamiento le supone unos costes la obra de transformación de la circunvalación por realizar los pagos a través de la empresa mixta Calle 30, en vez de asumirlos en su propio patrimonio. Ruiz-Gallardón asegura que la operación no recorta el nivel de deuda, aunque la hace más asumible. Y es que si el Consistorio absorbe esa deuda (2.298,12 millones), se ahorrará las cuentas de reserva a modo de aval bancario por participar en una empresa, el pago a la empresa explotadora y mejorará la fiscalidad de impuestos como el IVA. El resultado es un ahorro de unos 100 millones de euros anuales, a los que se sumará una amortización de 43,6 millones sólo en 2011.