Establecen diez requisitos para ser Magistrado de la Suprema

Los parlamentarios lograron consensuar criterios sobre los aspectos a tomar en cuenta para la selección de los postulantes a ser ministros de la Corte Suprema. Luego de más de nueve horas de debate, ayer los oficialistas y los opositores definieron diez reglas para que la Comisión Mixta de Constitución haga una discriminación de los 179 aspirantes que quieren ocupar una de las cuatro vacantes en la instancia judicial.

La sesión se desarrolló en un ambiente tenso, debido a las alusiones verbales referidas al pasado político del vicepresidente de la República y presidente nato del Congreso Nacional, Álvaro García Linera, vinculado a actividades de terrorismo. Los parlamentarios masistas, en réplica a este comentario, acusaron de corrupción y cuoteo político del Poder Judicial a los legisladores de la oposición.
El encuentro entre diputados y senadores no tuvo el desenlace de la anterior sesión, que fue un fracaso, pese a que las expectativas previas indicaban lo contrario.

Un aplauso marcó el final de la lectura de la redacción de los criterios de selección aprobados, que los integrantes de la Comisión Mixta deberán cumplir en un plazo de una semana para llevar nuevamente al plenario del Congreso una lista depurada de los postulantes a convertirse en ‘supremos’, para que sea esta instancia la encargada de elegir, a través del voto, a los magistrados.
Pero llegar a estos acuerdos no resultó tarea fácil para los congresistas. Uno de los aspectos que generó conflicto fue la decisión de incluir como criterio de selección el trabajo jurídico de los abogados, que en algún momento de su carrera hubieran defendido a embajadas o empresas extranjeras.
Los congresistas que se opusieron a este tema argumentaron que la Constitución Política del Estado garantiza el libre ejercicio de la defensa, aunque al final se llegó al acuerdo de que no podía ser ministro de la Suprema el que haya participado de alguna acción jurídica en contra del Estado favoreciendo a los extranjeros.
En contrapartida, lo que no se aprobó fue la propuesta de que se excluya a los postulantes que hubieran defendido a terroristas, situación que provocó la reacción del Vicepresidente y apoyo unánime de la bancada masista, que no votó por este aspecto.
Durante el encuentro hubo contrapunteos que provocaron risas, aplausos y rechlifas, en los que siempre fue protagonista García Linera, que dirigió la sesión.
Una de estas discusiones ocurrió con el senador Luis Vásquez Villamor (Podemos), con quien el Vicepresidente intercambió apreciaciones sobre derecho y objetividad. El senador Róger Pinto (Podemos) participó en varias oportunidades aportando criterios para la forma de selección, lo mismo que su colega Óscar Ortiz, que pidió en más de una ocasión redactar un documento sobre lo que se está aprobando para evitar futuras impugnaciones de los juristas que quieren ser integrantes de la Corte Suprema.
Aprobados los nuevos procedimientos, se postergó la sesión hasta la próxima semana y se invitó a la ciudadanía a presentar observaciones fundamentadas que deberán ser enviadas al Congreso. El siguiente encuentro será difundido por el canal estatal para evitar sospecha de cuoteos.
La elección del Fiscal General de la República aún es un tema pendiente.

Juicio a tribunos genera enredo jurídico
La instalación del juicio contra magistrados del Tribunal Constitucional generó un enredo jurídico sobre la interpretación y aplicación de las leyes y la Carta Magna para sustentar el proceso que inició el Comité de Ministerio Público de la Cámara de Diputados a pedido del presidente de la República, Evo Morales.
Morales demandó a Elizabeth Íñiguez, Martha Rojas, Artemio Arias y Wálter Raña, que ayer estuvieron a punto de ser aprehendidos por emitir resoluciones inconstitucionales, incumplimiento de deberes, impedir o estorbar el ejercicio de funciones y prevaricato. Estos delitos están tipificados en el Código de Procedimiento Penal.
En tanto, los cuatro magistrados aseguran que el Comité de Ministerio Público no tiene competencias para seguirles un juicio porque la demanda del Presidente se basa en delitos penales y al ser de este tipo deben ser derivados ante la justicia ordinaria.
El presidente del comité parlamentario, René Martínez, dijo que los diputados tienen atribuciones para procesarlos por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, y la sentencia constitucional que suspende a los ministros interinos lo hicieron en facultad de atribuciones, por tanto esperará que la Comisión de Constitución resuelva la impugnación de excepción.

puntos de evaluación

® Regiones. Podrán ser elegidos sólo los postulantes oriundos de La Paz, Oruro, Cochabamba y Tarija.
® Funciones. No serán elegidos ministros de la Corte Suprema quienes asumieron cargos públicos en gobiernos de dictadura.
® Trabajo. No pueden haber defendido a narcotraficantes sentenciados.
® Procesos. No tienen que haber participado jurídica o administrativamente en los procesos de capitalización y privatización.
® Juicios. No haber actuado de forma jurídica para ninguna embajada o empresa extranjera en contra del Estado.
® Acusados. Quedan excluidas las personas con procesos penales pendientes.
® Internos. Que no tengan sentencias disciplinarias por faltas graves y muy graves.
® Familiaridad. Quedan excluidos aquellos candidatos que tienen parentesco por consanguinidad hasta cuarto grado y  por afinidad hasta el segundo grado, con el Presidente, Vicepresidente, ministros y los integrantes del Congreso Nacional.
® Partidos. No serán considerados los postulantes que tengan militancia política certificada por la Corte Nacional Electoral.
® Avales. Quedan excluidos los que tengan avales con prebenda debidamente certificada.