El Ayuntamiento de Leganés niega haber dejado "desamparada" a la madre en huelga de hambre

Un portavoz del Consistorio declaró que los Servicios Sociales municipales "continuarán con el seguimiento" a la mujer, que comenzó en 1999, fecha en que llegó al municipio procedente de otra localidad donde también estaba sometida "a seguimiento social".

Estas mismas fuentes advirtieron, sin embargo, que, de acuerdo con informes municipales, Concepción G.R. ha faltado desde hace un año a la comisión de tutela que se encarga "del bienestar de los menores", así como a las citaciones con los trabajadores sociales.

De hecho, apuntaron que la última citación de Servicios Sociales fue en diciembre de 2006, "a raíz de las ausencias reiteradas de los menores al colegio", según fuentes municipales, que recordaron que el Ayuntamiento "no le retiró" el salario de renta mínima de 196 euros que percibía, ya que es una labor que "no le compete al Consistorio".

Concepción G.R., vecina de Leganés-Norte, decidió iniciar la huelga de hambre bajo seguimiento médico este lunes para recabar ayuda económica de las autoridades, ya que padece una enfermedad coronaria y una minusvalía del 56 por ciento causada por una depresión a raíz de los malos tratos que sufrió en el matrimonio.

La mujer, que tiene dos hijos de 12 y 14 años, no puede afrontar los costes de la vida cotidiana y sobrevive, según denuncia, a base de trabajos temporales y de la ayuda de sus vecinos, quienes han habilitado una página web para denunciar el desamparo de la familia.

Además, el Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid (IVIMA) negó el pasado miércoles haber amenazado a Concepción Gil Ríos, inquilina de una vivienda protegida en alquiler ubicada en el municipio de Leganés, con llevar a cabo el desahucio por impago de las rentas de arrendamiento de su piso.

Un portavoz del IVIMA aseguró que este organismo ha intentado ponerse en contacto varias veces con la citada inquilina desde que en enero de 2004 dejara de pagar el alquiler. El Instituto de la Vivienda señala que pretende facilitarle un compromiso para el pago aplazado del la deuda.

"Ante la imposibilidad de contactar con Concepción hemos remitido una carta en la que se le insta a ponerse en contacto con el personal del IVIMA para pactar una reducción de la renta adaptada a su situación personal y una fórmula de pago aplazado de la deuda", agregó.

El portavoz explicó que el IVIMA ha firmado un total de 385 compromisos con sus inquilinos para el pago aplazado de las rentas conforme a la capacidad económica de cada familia. Según la misma fuente, antes de ejercitar cualquier acción judicial por falta de pago, los equipos de asistencia del IVIMA realizan un seguimiento exclusivo de cada familia, elaborando un informe social y económico individualizado.