Los militares se integran a los controles anti-delincuenciales en el país

Esta decisión fue anunciada por las autoridades posterior a la reunión del Consejo de Seguridad Nacional reunido en Guayaquil.

La medida, que busca precautelar la seguridad y la paz ciudadana, contempla acciones conjuntas entre  la Policía Nacional y las FF.AA. para controlar el porte y la tenencia ilegal de armas, la realización de actividades de inteligencia especializada que permitan ubicar y desmantelar organizaciones criminales y delincuenciales que afectan la convivencia social.

Esta acción judicial se aplica en función de lo señalado en el artículo 87 de la Constitución que dice: “Se podrán ordenar medidas cautelares conjunta o independientemente de las acciones constitucionales de protección de derechos, con el objeto de evitar o hacer cesar la violación o amenaza de violación de un derecho”, informó el Ministerio de Seguridad Interna y Externa.

La labor conjunta de la Policía Nacional y las FF.AA. incluye la vigilancia para evitar la proliferación de invasiones de tierras en el cantón Guayaquil, al ser ésta una fuente de generación de violencia y de inseguridad.

Estos controles se cumplirán con la participación de la Fuerza Aérea, entidad que se encargará de monitorear desde el aire las eventuales afectaciones que pretendan hacer los traficantes de tierras en predios públicos o privados.

Todas estas medidas  se enmarcan en la lucha que efectúa el Gobierno Nacional y el Estado ecuatoriano para precautelar la seguridad ciudadana y con ello evitar la violación de derechos fundamentales de todos los ciudadanos y ciudadanas, precisó el ente gubernamental.

En ese contexto, el Gobierno exhortó a la Asamblea Nacional para que acelere el tratamiento de las reformas penales que el Ejecutivo y otros sectores propusieron hace varios meses.

La propuesta del Gobierno incluye temas como el endurecimiento de penas en delitos contra la vida por encargo (sicariato), uso ilegítimo de armas de fuego, utilización de menores de edad en el cometimiento de delitos, acumulación de penas y reducción del porcentaje de la rebaja de penas, entre otros puntos.

El Gobierno Nacional aprovechó estas circunstancias para reiterar el pedido a los jueces y fiscales para que asuman su responsabilidad y disminuyan el grave nivel de impunidad que existe en el país.

También se solicitó a los gobiernos locales para que de manera coordinada, y siempre pensando en el bienestar ciudadano, se involucren de forma activa en el combate contra la delincuencia que lleva adelante el Estado ecuatoriano.