De Cospedal se refirió así a la intención del Gobierno castellano-manchego de personarse en los casos de presuntos fraudes en el uso del agua que se están investigando. Sin entrar a juzgar las decisiones que adopta la Junta, mostró su sorpresa por el hecho de que "se lancen mensajes de este tipo para enfrentarnos entre regiones" y, sin embargo, "sistemáticamente se incumpla" la obligación que tiene este Gobierno.
De Cospedal recriminó al Gobierno autonómico que esté mirando siempre a los vecinos "como si todos tuvieran la culpa de lo que pasa en Castilla-La Mancha y el único que no fuera responsable sea el Gobierno socialista", entre cuyas obligaciones está "la de invertir, la de que tengamos agua, y que la podamos aprovechar".
De otro lado, respecto a la previsible aprobación, por parte del Consejo de Ministros, de un nuevo trasvase del Tajo al Segura para abastecimiento, la presidenta del PP regional destacó que "siempre que se hable de dar agua a nuestros vecinos para beber, el PP será el primero que dirá que sí siempre".
A su juicio, "lo que no se puede hacer es negarle el agua para beber absolutamente a nadie" porque "faltaríamos a lo que nosotros pensamos y además seríamos unos avaros" y "no tendríamos explicación ninguna ni manera de argumentarlo si les negáramos a los murcianos, a los valencianos, a los castellano-manchegos, a cualquier español o cualquier persona el agua para beber".
En este contexto, respecto a la posibilidad de que la fecha de caducidad del trasvase fijada en 2015 dentro del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, pase el filtro del Congreso, María Dolores de Cospedal confió en que el principio de acuerdo al que han llegado PP y PSOE en esta región "se respete en las Cortes generales" aunque añadió que ella no tiene "una bola de cristal".
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