LLámanos futuro Banco

 Traíamos aquí a colación hace cosa de un mes la encrucijada que se abría ante Caja España-Caja Duero, cuyo tamaño parecía claramente insuficiente para sobrevivir en solitario en el escenario financiero provocado por la crisis, máxime tras añadir al lastre previo arrastrado por las dos cajas el coste adicional de su fusión. Y comentábamos que la nueva Caja estaba abocada a participar en una segunda oleada de fusiones interregionales que iban a reducir el mapa de las entidades de ahorro a lo sumo a media docena de Macrocajas previsiblemente participadas por capital privado.

Con lo que no contábamos es que en plena cuesta de enero las Cajas fueran a convertirse en carnaza para calmar la voracidad de los mercados y que el Gobierno desplegara toda una ofensiva para forzar su “bancarización” por lo civil o por lo criminal. Una ofensiva que deja especialmente al descubierto a aquellas entidades, como Caja España-Caja Duero, que han mantenido su status jurídico original, sin acogerse a la fórmula de las SIPs o fusiones frías que comportan en sí mismas la creación de un banco.

De acuerdo con las condiciones anunciadas por el Gobierno, la nueva Caja de Castilla y León tendrá que buscarse la vida antes de septiembre para poder alcanzar el “core capital” exigido. De no hacerlo, será el Banco de España quien asuma su capitalización, convirtiéndose en accionista de la misma con derechos políticos. La dicotomía no deja de ser un tanto contradictoria: Privatización o nacionalización.

 Con nada de esto parecían contar los máximos responsables de Caja España-Caja Duero, que, ajenos a lo que se les venía encima, comparecieron públicamente la pasada semana dibujando un panorama de lo mas tranquilizador. “No tenemos miedo a que se conozcan nuestras cifras, ahí están; esas son precisamente nuestras fortalezas”, dijo el presidente, Evaristo del Canto, como si algunos de esos datos no resultaran preocupantes. Por ejemplo, un índice de morosidad próximo al 10 por ciento -ratio superior al 20 por ciento en el sector de la construcción e inmobiliario- o un descenso en la concesión de crédito del 4,3 “por falta de peticiones solventes”. Y presentar un balance positivo de 47 millones de euros el mismo año en que se han vendido por alrededor de 200 las acciones de Ebro-Puleva, no es precisamente como para sacar pecho de la forma que lo hizo Del Canto en esa comparecencia. Y eso dando por buenos unos balances que suelen estar mas maquillados y retocados que la mismísima Cher.

El hecho es que cuatro días después el Gobierno ha devuelto a la Caja de Castilla y León a la dura realidad, poniéndola en el disparadero de aliarse con otras cajas y/o bancos, so pena de ser intervenida, que es lo que supondría de hecho la toma de acciones por parte del FROB, al que España-Duero adeuda ya 525 millones de euros por cuenta de la fusión. Bajo esa espada de Damocles y con el Banco de España vigilando muy de cerca sus movimientos, la nueva Caja tendrá que decidir en los próximos meses si se deja absorber por Caja Madrid, si es engullida por La Caixa o si se engancha a alguno de los escasos SIPs interregionales alternativos.

En cualquier caso, los rectores de España-Duero pueden dejar de preocuparse por buscar un nuevo nombre comercial. El sino es el mismo que el de las otras cuatro cajas de Castilla y León: Engrosar uno de los nuevos bancos creados a partir de la almoneda de las centenarias cajas de ahorro. Tanto es así que el vicepresidente y Consejero de Economía de la Junta, Tomás Villanueva, considera que el plan del gobierno supondrá la “liquidación” de las tradicionales entidades de ahorro. Constatación que, tras los ímprobos esfuerzos personales dedicados a ellas en estos tres últimos años, forzosamente ha de conducirle a un estado de profunda melancolía.

(En la foto superior, Lucas Hernández y Evaristo del Canto, director general y presidente de Caja España-Caja Duero; abajo, Tomás Villanueva)