El cierre judicial del asunto de la Zerrichera era algo, que se veía venir, tras el reciente Decreto regional que cambiaba diametralmente de sentido el planteamiento del ejecutivo regional sobre tan polémica actuación urbanística en la costa murciana.
Se trata de zanjar así una actuación urbanística que parecía desmedida, y así lo denunciaron los agentes políticos y sociales en su momento, algunos de los cuales ejercitaron acciones judiciales, fruto de las cuales ha sido esta decisión judicial. Si bien, ahora se trata de ver si ello representa o no la conclusión judicial de dicho asunto, en el que se apuntaban responsabilidades civiles y penales por parte de algunos de los afectados, que posiblemente no cejarán en demandarlas, al menos las de contenido pecuniario, que en estos casos suelen ser las más viables por su efecto indemnizatorio, o más bien consolatorio del daño económico generado a aquellos que en su día actuaron –probablemente creyendo en la legalidad de sus acciones- e invirtieron dinero para lo que iba a ser un lucrativo negocio que se tornó en un "escándalo urbanístico".
Por consiguiente, habrá que estar atentos a ver si esta resolución judicial es un punto y final de la justicia en este tema, o sólo un punto y aparte, que pueda tener su continuidad en otros ámbitos de los Tribunales hasta hacer definitiva justicia. Si bien, el problema pueda suscitarse del hecho que hubiera de indemnizar a los afectados en cuantías considerables de dinero, que muy probablemente será dinero público regional y local, que fue por donde vino la inicial autorización, que al cabo del tiempo ha sido rectificada por la propia Administración regional, y cuyas "arcas públicas" no parece que estén muy nutridas de peculio para ello. Aparte que los presupuestos públicos no están precisamente concebidos para el pago de indemnizaciones por decisiones inadecuadas del político de turno.
Ahora bien, como en no pocas ocasiones, este tipo de asuntos, con el paso del tiempo apreciamos cómo se van "enfriando" y acaban reconduciéndose a "escala menor", donde todo se solventa con dinero, y mejor si no es propio.
Otra cuestión que cabría preguntarse, en esta fase del asunto, sería si del mismo se habría de derivar alguna responsabilidad política, cosa que aunque se diga, acabaremos viendo cómo se diluye, ciñéndose todo a una cuestión meramente indemnizatoria, aunque probablemente sea de cantidades astronómicas; pero que políticamente no puede ser presentada como un ejemplo de buena decisión, y ni mucho menos, de buena gestión por parte del PP murciano. Pero tal como están las cosas, tampoco será muy preocupante para sus responsables políticos pues el asunto no parece que tenga ninguna influencia en los próximos comicios autonómicos y locales. ¡Es un asunto "muerto", que sólo queda "enterrar", previo pago de molestias varias…!.
EL MIRAVETE
Si (
No(
