El Gobierno revisará los ERE andaluces, pero recuerda que los tribunales son los que deciden

El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, ha apuntado que el Gobierno revisará los expedientes de regulación de empleo (ERE) donde haya podido aportar cantidades a través de la Seguridad Social en Andalucía, aunque ha apuntado que "si hubiera algo que revisar" y esclarecer presuntas irregularidades, "no sería una decisión administrativa, sino de los tribunales". "Cualquier revisión de prestación pública en el ámbito de las pensiones no lo puede hacer la Seguridad Social ni el Ministerio, sino que serán los tribunales de lo Social los que decidan", ha indicado.

   Gómez, quien ha recordado que los expedientes de regulación de empleo no los aprueba el Ministerio de Trabajo, salvo si afectan a varias comunidades autónomas o se efectúan sobre empresas públicas, ha indicado en rueda de prensa en Sevilla que algunos ERE en Andalucía "necesitan apoyo y financiación de los presupuestos del Estado a los ajustes que se puedan producir en empresas de diferentes comunidades".

   Ha recordado que además el ERE "lleva aparejado en ocasiones el reconocimiento de prestaciones, desempleo, jubilación o pensiones, donde no sólo decide la comunidad sobre a quién afecta el expediente y cuál es el contenido del mismo, sino que también la Seguridad Social o el Servicio Público de Empleo tienen competencias en ese sentido para reconocer esas prestaciones y, en ambos casos, Estado y comunidad autónoma deben manifestar su competencia".

   "Las competencias de reconocer pensiones o prestaciones por desempleo es del Estado, no de la comunidad autónoma", ha agregado el ministro, quien ha precisado que en el caso de Minas de Ríotinto el reconocimiento de prestaciones y de las pensiones lo debe revisar la Seguridad Social, no la comunidad.

   Por su parte, el consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Manuel Recio, ha indicado que la comisión de investigación interna "sigue su trabajo a toda máquina  y revisando en profundidad" los expedientes vivos donde aún se pagan pólizas a sus beneficiarios, y ha precisado que no hay ninguna novedad, de forma que "si hubiera alguna irregularidad, se trasladará a los tribunales de forma inmediata, como hemos hecho hasta ahora", tras lo que ha reiterado su "plena colaboración" con la Justicia, ha precisado que todavía no finalizado la comisión interna y se ha mostrado "dispuesto a dar toda la información".

   Recio, quien ha recordado que la personación de la Junta en este caso de presuntas irregularidades en los ERE lo coordina la consejera de Presidencia, ha reiterado que en el momento en que se encuentre alguna irregularidad, "le daremos  traslado a los tribunales" y ha explicado que en las actuaciones sobre los ERE "hay diversas partes intervinientes", como Gobierno central, y la propia Junta como autoridad laboral, de manera que "los ERE no suelen dar problemas y es muy difícil que existan irregularidades en los ERE". Ha apuntado que donde se pueden dar irregularidades es "en las medidas de apoyo mediante pólizas a los trabajadores afectados por ERE".

   "Por muchos controles que se pongan y por muy afinado que sea el proceso, siempre habrá alguien que vulnere todos los controles, y hay que detectarlos, ir a la Justicia con esos casos e intentar recuperar hasta el último céntimo", ha agregado el consejero, quien ha puesto como ejemplo el funcionamiento de la Administración de Hacienda "donde también hay fraude y se intenta vulnerar los controles férreos".

31 “INTRUSOS” EN MORÓN

El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, ha exigido a la Junta de Andalucía que aclare cómo no detectó el "fraude" de 31 "intrusos" en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de la base aérea de Morón de la Frontera (Sevilla), que fue "avalado" por el Gobierno andaluz, aunque finalmente no se llegó a aprobar, tras la paralización por parte de la Inspección de Trabajo en diciembre, a raíz de una denuncia formulada por el sindicato USO.

   En rueda de prensa, en la que ha estado acompañado por el vicesecretario general del PP-A, Ricardo Tarno, Sanz ha insistido en que tiene que haber una investigación ante unos hechos "de suma gravedad". Y es que, a su juicio, "cómo puede ser que la Junta autorizara este ERE y avalara la incorporación de 31 empleados que habían causado baja con anterioridad en la empresa".

   Asimismo, el número dos del PP andaluz ha asegurado que "la Junta no ha destapado este fraude, sino que lo ha avalado", lo que, a su juicio, supone que la Junta no tenía ningún tipo de control para detectar a estos 31 "intrusos" o que existía "connivencia" de los dirigentes de la Consejería de Empleo para que se hiciera así.

   "Lo que está claro es que por acción u omisión, la Junta cada vez es más responsable, partícipe, conocedora y avalista de un procedimiento fraudulento de incorporación de personas ajenas a la actividad profesional de esta empresa", ha afirmado Sanz, quien ha destacado que una de las personas incluidas en este ERE fuera el segundo teniente de alcalde de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) y secretario de Organización del PSOE de Alcalá, Francisco García.

   Al hilo de ello, ha indicado que esta persona había estado sin realizar actividad en esta empresa, incorporándose a la misma dos meses antes de la realización del ERE. Para el dirigente 'popular', el PSOE demuestra "no tener escrúpulos" para permitir que se haga negocio con el dinero de los parados. "Ya no estamos hablando de una persona que se cuela, sino de 31", ha añadido.

   De otro lado, Sanz ha pedido también una explicación a la Junta de Andalucía, respecto al hecho de que el ex consejero de Empleo Antonio Fernández recibiera una carta del alcalde de El Pedroso (Sevilla), Manuel Meléndez (PA), en la que le reclamaba una subvención concedida por el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, según publica este lunes el diario 'El Mundo'.

   El secretario general del PP-A ha dicho que su formación quiere saber "si el fondo de reptiles era un saco sin fondos para todo tipo de favores políticos y gestiones del PSOE". "A lo mejor este fondo no sólo era para hacer subvenciones en prejubilaciones, sino para otro tipo de pagos de peticiones de alcaldes", se ha preguntado.

   De ser así, Sanz ha apuntado que el "discurso de la solidaridad" para financiar expedientes de regulación de empleo "se derrumbaría de inmediato". Asimismo, se ha mostrado convencido de que estamos en los comienzos de un "gran escándalo" y ha insistido en que su formación acudirá a los tribunales si la Junta no entrega en el Parlamento la información requerida sobre este asunto.