La Fiscalía investiga ya 24 casos de bebés robados

La Fiscalía de Sevilla investiga ya 24 casos de bebés supuestamente 'robados' en distintos centros hospitalarios de la capital hispalense tras las cinco denuncias recibidas en la última semana, según han informado a Europa Press fuentes del departamento que dirige María José Segarra.    De este modo, durante la última semana se han recibido cinco denuncias por estos hechos, concretamente una por el robo de un bebé en el año 1965 en el antiguo hospital de las Cinco Llagas, actual sede del Parlamento; otra de 1969 en un centro hospitalario no precisado en la denuncia; dos denuncias por la sustracción de sendos bebés en 1970 en el antiguo García Morato, actual Hospital Virgen del Rocío, y en las Cinco Llagas, respectivamente, y una última denuncia por el robo de un bebé en 1979 en el Virgen del Rocío.      Así, la Fiscalía, a través del fiscal coordinador, José Escudero, investiga en total 24 casos, entre ellos los 13 remitidos por la Fiscalía General del Estado y que forman parte de la demanda colectiva interpuesta por Anadir. No obstante, el departamento dirigido por Cándido Conde-Pumpido rechazó abrir una causa general para investigar estos casos e instó a los demandantes a presentar una denuncia individualizada ante los órganos judiciales de sus respectivas provincias.    Recientemente, el Ministerio Público archivó una denuncia interpuesta por un hombre que quería conocer a sus padres biológicos tras descubrir que era adoptado cuando fue a pedir la partida de nacimiento para contraer matrimonio. Fue el día 23 de febrero cuando este hombre, nacido en el año 1951 en el antiguo Hospital de las Cinco Llagas presentó una denuncia ante la Fiscalía "al objeto de conocer a sus verdaderos padres", ya que, al pedir la partida de nacimiento, pudo observar sus "verdaderos apellidos", que se correspondían con los de sus padres biológicos y no con los de sus padres de adopción, ya fallecidos y "que no lo habían inscrito como suyo". LOS JUZGADOS INVESTIGAN TRES CASOS    De este modo, el nombre de los padres adoptivos únicamente constaba en la partida de bautismo del denunciante, que es vecino de Sevilla. La Fiscalía ha decidido archivar la denuncia, pues, aunque entiende "el interés humanos" del asunto, dice que "es forzoso reconocer que no hay indicio de delito, pues no hay alteración fraudulenta del estado civil", han añadido las fuentes consultadas por Europa Press.    De su lado, tres juzgados de Instrucción sevillanos han abierto una investigación por este tema. Así, el Juzgado de Instrucción número 6, cuya titular es la juez Mercedes Alaya, está investigando el caso de un bebé supuestamente desaparecido en el año 1973 en el Hospital Virgen del Rocío de la capital hispalense, mientras que el Juzgado de Instrucción número 4 ha recibido la denuncia por el presunto 'robo' de un bebé producido en 1975 en el Hospital Virgen Macarena. Además, el Juzgado de Instrucción número 9 está investigando otro caso que fue archivado inicialmente por prescripción del delito, pero que ha sido reaperturado tras el recurso de la Fiscalía. El PSOE PIDE COLABORACIÓN El PSOE-A defenderá una proposición no de Ley el jueves en el Pleno del Parlamento en la que se insta a la Junta a participar de forma activa en el análisis de los casos de presuntos robos de bebés y adopciones ilegales en Andalucía durante el franquismo para conocer su dimensión y sus consecuencias, impulsando la interlocución con las asociaciones de víctimas, y a "colaborar con la Fiscalía para apoyar las investigaciones, impulsando medidas de apoyo y servicios para contribuir al esclarecimiento de los hechos".    En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, se plantea que el Parlamento manifieste su solidaridad con todas las madres y padres víctimas "de la trama de adopciones ilegales que presuntamente funcionó al amparo de instituciones hospitalarias y eclesiásticas" durante el franquismo, así como de sus descendientes a los que se les negó el derecho a vivir con sus progenitores.    Asimismo, se pide que el Parlamento apoye el impulso a la investigación de los casos denunciados, que se sancione a los culpables y se repare a las víctimas, de manera que puedan recuperar la identidad que les fue arrebatada, si éstos así lo desean, y que respalde la puesta en marcha de medidas que favorezcan la gestión de las denuncias y la agilización de los trámites que permitan la identificación y localización de los desaparecidos, tales como banco de ADN, asesoramiento legal, facilitación de los procesos de búsqueda de información o creación de una oficina de gestión documental.    Asimismo, el grupo socialista plantea que la Cámara autonómica apoye el desarrollo de instrumentos para atención a las víctimas por parte de la Administración y que se facilite el acceso a las pruebas de ADN a las personas que hayan formulado denuncia, para que los mismos puedan introducirse en la Base de Datos Conjunta de personas desaparecidas en España puesta en marcha por el Ministerio del Interior, de forma que los investigadores puedan realizar cruces con los archivos de ADN, para resolver muchos casos pendientes en toda España.    El PSOE-A manifiesta en la exposición de motivos de la iniciativa que la proliferación en los últimos meses de denuncias relativas a las desapariciones de bebés robados a sus familias durante la dictadura franquista y de posteriores adopciones ilegales hasta los años ochenta ha puesto en evidencia la dimensión de un fenómeno que ha permanecido latente durante décadas en nuestro país.    Recuerda que, según datos de la Plataforma de Niños Robados, ligada a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, y de la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir), la identidad real y biológica de un millón de españoles podría estar falseada debido al escándalo del robo sistemático de recién nacidos durante medio siglo.    De confirmarse estos indicios, en opinión del PSOE, estaríamos ante un problema de una enorme proyección y calado social, ya que se calcula que pudieron ser más de 300.000 los niños y niñas adoptados de forma irregular desde los años 40 hasta los años 90 del siglo XX. Apunta que teniendo en cuenta la descendencia de estas personas una vez llegadas a la etapa adulta, sería posible que más de un millón de españoles y españolas tuvieran una identidad falseada, sin concordancia con los apellidos de sus padres biológicos.    Según el PSOE, el robo de bebés surgió en la postguerra como un método represivo contra las madres republicanas presas y lo que comenzó siendo un instrumento más de represión política, se fue transformando "en un negocio de corrupción que amplió sus ramificaciones por toda España, del que eran víctimas normalmente madres solteras o con poco poder adquisitivo, que al dar a luz eran desposeídas de sus bebés con el pretexto de que habían muerto". De los 30.000 niños afectados durante la guerra y postguerra, se pasó a unas 300.000 adopciones ilegales en las décadas posteriores, incluso durante la democracia, según informa el grupo socialista.    "La comunidad autónoma de Andalucía debe asumir un papel preponderante en cuanto a la máxima colaboración con estas investigaciones, a la par que en cuanto a la manifestación de solidaridad para con las familias afectadas", según el PSOE-A.