Gobierno califica de "prepotente y racista" a oficialismo departamental cruceño

    "La posición tozuda, racista, discriminadora, excluyente, abusiva y prepotente de un grupo de oficialistas del departamento les está siendo impedido el ejercicio de su derecho a la representación política", deploró en declaraciones a la radio y televisión estatales.     Romero refirió la decisión del vicepresidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, Alcides Villagómez, de negarse a ministrar posesión a un representante y su suplente de la conformación yuracaré moxeña, bajo el argumento que no existe en el texto constitucional.     El Partido Verde, del gobernador opositor Rubén Costas, controla el Legislativo local, de 28 asientos.     En tanto, una marcha de esta comunidad indígena, suerte de matrimonio interétnico o simbiosis etnocultural avanza hacia Santa Cruz, en cuyo centro político podrá demandar, lo más probable a mitad de semana, sus derechos políticos.     La marcha de los yuracaré moxeños, que además sirve para demostrar su existencia física, se encontraba el domingo a la altura de la ciudad intermedia de Montero, 100 km al norte de la ciudad de Santa Cruz.     "Reciben la visita y la solidaridad del cojunto de la población (rural), de varias provincias y de la ciudad de Santa Cruz porque son pueblos pobres que viven en condiciones materiales adversas y que solamente demandan su representación legítima en el Asamblea Departamental", afirmó Romero.     De acuerdo con el Censo de 2001, la población moxeña es de al menos 14.000 y la yuracaré de 1.000. El crecimiento vegetativo de la población boliviana es de 2,11% anual.     La polémica cercana a una crisis de la política local se desató luego que Villagómez se negara a juramentar a una representante del pueblo yuracaré-moxeño, Rosmery Gutiérrez, y también a su suplente indígena, lo que derivó en una querella por la afectada y en la decisión judicial de encarcelarlo de manera preventiva por desacato.     Contra el fallo judicial se alzaron el viernes último 2.000 personas en la ciudad de Santa Cruz.      Villagómez en tanto permanece en una clínica local a causa de un quebranto en su salud. Tras su recuperación será puesto tras de rejas, por delitos de desacato y resoluciones contrarias a la Constitución.     La decisión de encarcelar a a Villagómez, deriva de un proceso que Gutiérrez le instauró en noviembre de 2010, cuando el Tribunal Supremo Electoral (TSE) expidió una resolución otorgándole a la representante del pueblo yuracaré- moxeño los credenciales de asambleísta departamental de Santa Cruz.     Tras la decisión de Villagómez de contravenir la orden del TSE, Gutiérrez apeló a la justicia y tres meses después, el jueves 17 de febrero último, la Sala Civil Segunda del máximo estrado judicial del país expidió una resolución para que la Asamblea Departamental de Santa Cruz habilite y posesione a la representante indígena y a su suplente Roberto Carlos Cortez Soria.     Tras el fallo judicial de detención de Villagómez,  Costas denunció un presunto intento del Ejecutivo de promover un quiebre institucional en el departamento.     El correlato de fuerzas en la Asamblea Legislativa de Santa Cruz se inclina en pro del Partido Verde, de Costas, con el control de 14 de los 28 escaños.     El gobiernista Movimiento Al Socialismo controla 9 asientos y los indígenas 5, inclusive el consignado a la nación yuracaré moxeña.