La lengua de signos ya es oficial

El proyecto de ley que reconoce por igual las "lenguas de signos españolas", todas las que haya en cada ámbito territorial, y encarga al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales que determine las condiciones de vida y ubicación geográfica de estas personas para establecer centros de referencia y los recursos adecuados. Asimismo, crea un Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española, que estará regido por un órgano colegiado paritario formado por responsables de la Administración y entidades representativas de este colectivo. En cuanto a la disponibilidad de intérpretes en determinados servicios públicos, la habrá en todas las lenguas del estado.

En el debate, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera se congratuló de que los sordos "tengan por fin derecho a expresarse por los medios que elijan" y dijo que esta ley será una forma de "acercarnos a una realidad no siempre es bien conocida". Además, agradeció a CERMI y a todas las organizaciones de sordos, su trabajo "en favor de la dignidad de todos" y de la "real integración de estas personas". Al finalizar el debate, en la Sala de Columnas del Congreso, el ministro se fotografió con medio centenar de representantes de las asociaciones de sordos, sordociegos y discapacitados auditivos, y con los representantes de todos los grupos parlamentarios, quienes fueron obsequiados con manos de colores, símbolo de este colectivo.

Desde el grupo mixto, la diputada Olaia Fernández mostró su agradecimiento a todas las organizaciones implicadas que "nos han aportado sus recomendaciones y ayuda" para redactar un texto que "reflejara las ideas y soluciones del movimiento asociativo que ha impulsado esta ley". No obstante, lamentó que la tribuna del Congreso no cuente con un traductor de la lengua de signos. Mientrasc Carmen García Suárez (ICV) dijo que esta ley era "una asignatura pendiente del Estado de Bienestar", una recomendación de la ONU y una manera de igualar derechos a "muchos ciudadanos de este país".

Emilio Olabarría (PNV) destacó el buen ambiente en los trabajos de redacción de la ley, tanto con los grupos como con las asociaciones que representan a este colectivo y subrayó que "estas son las leyes que debían estar en los periódicos y no la política de espectáculo que muchas veces se hace desde esta Cámara". Para Joan Tardá (ERC), "era una injusticia no tener un marco legal que alejara a las personas sordas o con discapacidad auditiva de mayores dificultades y de la exclusión social".

Carles Campuzano (CiU) recordó que la ley apuesta por la "inclusión efectiva de las personas sordas en igualdad de derechos y deberes y reconoce la profunda igualdad de estas personas". Por último, Miguel Barrachina (PP) señaló que los grupos del Congreso han trabajado con los representantes de las personas sordas pero "sin sentir compasión por ellos, porque nos han demostrado que son y serán todo aquello que se propongan, aunque las administraciones son indispensables para suprimir barreras y facilitar sus derechos".