Gobierno reubicará a familia de líder asesinada
miércoles 15 de junio de 2011, 08:57h
El pasado 7 de junio, Ana Fabricia Córdoba –de 51 años de edad–, fue asesinada mientras viajaba en un autobús público por un sector popular de la capital antioqueña. Ana Fabricia, prima de la ex senadora Piedad Córdoba, hacía parte de la Ruta Pacífica de las Mujeres, del movimiento Poder Ciudadano en Medellín, y fue la fundadora de la organización no gubernamental Líderes Adelante por un Tejido Humano de Paz (LATEPAZ), que ofrece acompañamiento a víctimas del conflicto armado.
La historia de Córdoba estuvo marcada por el dolor y la violencia, pues en 2001 tuvo que soportar el asesinato, en Apartadó, de sus esposo y otro familiar –ambos por separado–, a cargo de un grupo armado ilegal. Tres años después, en el 2004, su hijo Carlos Mario fue asesinado, y en el 2010 debió soportar el crimen de su hijo Jonathan, a cargo de la Policía, según lo afirman algunos testigos.
Ahora, tras su asesinato, sus otros tres hijos, quienes aún viven: Diana Ospina Córdoba, de 28 años; Carlos Arturo, de 18; y Carolina, de 12; viven en medio del pánico y el terror, pues tan sólo un día después del asesinato de su madre recibieron amenazas de muerte, por lo que decidieron pedirle al gobierno que los reubique fuera del país, diligencia que realizaron ante el propio Vicepresidente de la República, Angelino Garzón, a la que fueron acompañados por la propia Piedad Córdoba.
"Ellos manifestaron su deseo de irse del país. Hablé con la señora vicecanciller, Mónica Lanzetta y vamos a hacer algunas gestiones e incluso se podrán encontrar mecanismos de común acuerdo con el Gobierno de otro país para que pudiera salir todo el núcleo familiar" manifestó Garzón, tras reunirse con los familiares de la asesinada.
Según Garzón, el objetivo del Gobierno es el de proteger a los miembros de la familia Córdoba; así mismo, añadió que en su reunión encontró "muy afectados desde el punto de vista emocional" a los familiares de la líder, y reiteró que corresponde al Gobierno brindar la máxima protección a esa familia.
La misma Ana Fabricia había denunciado, en un encuentro de derechos humanos celebrado en la alcaldía de Medellín hace pocas semanas, que había recibido amenazas de muerte, razón por la cual, al conocerse la noticia de su crimen, el vicepresidente Garzón consideró que la muerte de Córdoba "pudo evitarse" y pidió, además, investigar una denuncia del Comité Metropolitano de Derechos Humanos de Medellín sobre una supuesta participación de miembros de la Policía en el asesinato.