El informe del Procurador del Común recoge "la deficiente" gestión de la Junta para cubrir puestos de trabajo

El Procurador del Común, en su informe de 2010, recoge que en la gestión de los expedientes de Función Pública general "hay que reiterar" la presentación de denuncias por "la deficiente" gestión en los procedimiento de provisión de puestos de trabajo en la Administración regional, aunque en general la actuación de las administraciones públicas el pasado año "ha sido ajustada a la legalidad" En el informe del Procurador, que ha sido entregado a la presidenta de las Cortes, María Josefa García Cirac, las quejas, en este sentido, se refieren a los concursos de méritos, ya que se "incumple" la periodicidad anual de las convocatorias contemplada en la Ley de la Función Pública de Castilla y León y "la falta de transparencia" en los procesos de selección de personal. Entre las cuestiones más denunciadas por los promotores de quejas el pasado año, el informe del Procurador del Común destaca "la excesiva demora" en la tramitación administrativa de las relaciones de puestos de trabajo con sus consiguientes efectos en las convocatorias de concursos para personal funcionario y la falta de medidas para corregir la situación de destino provisional que tienen un elevado número de funcionarios de carrera. La institución del Procurador del Común de Castilla y León recibió durante 2010 un total de 1.956 quejas de los ciudadanos, un 21,25 por ciento menos que en el año anterior, a las que se suman 36 acciones iniciadas de oficio por este organismo estatutario, según ha informado este miércoles el propio Procurador, Javier Amoedo, informa ep. La mayor parte de las quejas presentadas por los castellanoleoneses, un 19 por ciento, correspondieron a temas de carácter jurídico, seguidos de las áreas de fomento (15 por ciento), función pública (11 por ciento) y medio ambiente (10 por ciento). El Procurador ha significado en este punto la caída de las reclamaciones relacionadas con la Dependencia por el "buen trabajo" llevado a cabo por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades en esta materia que ha permitido resolver "muchos expedientes". Por administraciones, el grueso de las quejas de los castellanoleoneses (42 por ciento) fueron motivadas por actuaciones de los ayuntamientos, seguidos de la Administración Autonómica (34 por ciento) y de la Administración Central (13 por ciento). Como es habitual, León aglutinó el mayor número de quejas, que supusieron el 26 por ciento del conjunto, por tratarse de la provincia en la que se encuentra la sede de la institución del Procurador del Común, según ha explicado Amoedo. Le siguen Valladolid (13 por ciento) y Burgos (12 por ciento), mientras que Ávila y Segovia (con el 5 por ciento) y Soria (con el 4 por ciento) fueron las provincias que menor número de quejas formularon. El Procurador del Común dictó el pasado año un total de 1.104 resoluciones, lo que supone una media de tres resoluciones diarias, según ha significado Amoedo, de las que 617 (el 56 por ciento) contenían recomendaciones, recordatorios de deberes legales o sugerencias a la Administración por actuaciones irregulares mientras que en las 487 restantes (44 por ciento) se acordó el archivo de la presentación de la queja por inexistencia de irregularidad. "Ambos tipos de resoluciones plantean los mismos problemas porque el expediente se tramita en su totalidad y dan exactamente el mismo trabajo", ha explicado el Procurador del Común, que ha defendido de este modo la labor diaria que desempeña la institución que dirige. Javier Amoedo ha cifrado en un 75 por ciento las resoluciones aceptadas total o parcialmente por las administraciones motivo de las quejas ciudadanas y que han admitido una posible actuación irregular comprometiéndose a poner los medios necesarios para corregir esa mala praxis. A fecha de 31 de diciembre de 2010 había 125 resoluciones estimadas pendientes de contestación mientras que se tuvieron que archivar 32 expedientes por falta de respuesta, una cifra que ha descendido respecto al año anterior tras la creación del Registro de Administraciones y Entidades no colaboradoras con la Institución que hace pública la relación de administraciones y entidades que no colaboran con el Procurador del Común y no remiten la información solicitada para llevar acabo las investigaciones e inspecciones necesarias. Según ha explicado Amoedo, el menor grado de respuesta corresponde a las administraciones locales ya que en la mayoría de los casos carecen de medios personales para contestar de modo inmediato, lo que retrasa las resoluciones, si bien el Procurador del Común ha recordado que su institución dilata los plazos "todo lo posible" para dar capacidad de respuesta y atender mejor a los ciudadanos. Javier Amoedo ha informado asimismo de que en 2010 se pidieron 434 informes y se recibieron 467, como consecuencia de las peticiones no contestadas en 2009, ya ha significado las 1.033 entrevistas presenciales en las que han participado cerca de 1.500 personas. El Procurador del Común ha aprovechado la ocasión para destacar la "eficacia" de la institución y el "buen cartel" que ha conseguido entre los ciudadanos de Castilla y León, "que tienen mucha confianza en la institución porque sabe que somos totalmente independientes y que tratamos de defender los derechos de los ciudadanos" que, según ha explicado, han llegado a usar las resoluciones dictadas por este organismo estatutario en procesos contenciosos, como sucedió en un caso que concluyó con la anulación de unas oposiciones, según ha relatado. El informe completo relativo al ejercicio de 2010 está disponible en la página web de esta institución (www.procuradordelcomun.org). Entidades locales El informe del Procurador del Común también recoge la necesidad de que las administraciones locales mejoren el cumplimiento de su obligación de remitir a la Procuraduría la información que se les reclama en el plazo de un mes, tal como fija la normativa. Así consta en el informe en el que no obstante se recoge que algunas administraciones locales "han cumplido su obligación en el plazo establecido". Sobre esta situación, el informe asegura que el "exceso" de tiempo que transcurre entre la fecha de emisión de la resolución y la comunicación al Procurador del Común "dificulta la evaluación del seguimiento que se hace de las resoluciones". No obstante, en el 57 por ciento de los casos, las administraciones locales se mostraron dispuestas a aceptar las recomendaciones del Procurador del Común, porcentaje muy superior a las resoluciones que fueron rechazadas, el 20 por ciento, o las que no tuvieron respuesta, el 8 por ciento. La escolarización y la admisión de alumnos, causa de las quejas en educación no universitaria El Informe del Procurador del Común de 2010 recoge que en lo que se refiere a enseñanzas no universitaria que el mayor número de quejas recibidas el pasado año se refieren a la escolarización y admisión de alumnos, fundadas mayormente en el derecho a la libre elección de centro educativo. Asimismo, según el informe, muchas de las quejas de los ciudadanos están motivadas con los servicios educativos complementarios de comedor y transporte escolar, ya que se pide una mayor calidad de los mismos, y con pretensiones de que dichos servicios estuvieran disponibles para alumnos a los que no se les reconocía el derecho a ser beneficiarios de los mismos. Estos dos apartados, el de la escolarización y admisión de alumnos, dio lugar a tres resoluciones emitidas por la Procuraduría, a diferencia del año anterior en el que las quejas presentadas en dicho apartado fueron archivadas por ausencia de irregularidad. Por lo que respecta al apartado de servicios educativos complementarios, al igual que el año anterior se emitieron varias resoluciones "coherentes" con las pretensiones expuestas en las correspondientes quejas. Por lo que respecta al acoso escolar, en el año 2010 se redujeron de cinco a una las quejas sobre dicha cuestión, si bien, al igual que en el año 2009, después de obtenerse la correspondiente información de la Consejería de Educación, no se constataron hechos que se pudieran calificar como de acoso escolar. En lo que se refiere a enseñanzas universitarias, se recibieron 18 quejas en 2010, las mismas que el año anterior, la mayor parte de ellas, seis, referidas a aspectos económicos relativos a la obtención de becas y ayudas y al incremento de las tasas universitarias. Asimismo, se presentaron otras seis sobre el acceso a los estudios universitarios, aunque estas quejas fueron remitidas al Defensor del Pueblo. En todo caso, el incremento de las tasas universitarias, y las condiciones de acceso a determinadas ayudas, es lo que motivó que esta institución emitiera dos resoluciones dentro del apartado de enseñanza universitaria. Cabe destacar, asimismo, que prácticamente se ha mantenido el número de quejas sobre Educación Especial, en concreto 17 en el año 2010, fundamentalmente para demandar una mayor dotación de medios materiales y humanos destinados a la atención de los alumnos con necesidades educativas especiales; si bien, el número de resoluciones emitidas por el Procurador del Común ha descendido de seis a tres. Asimismo, el informe del Procurador del Común recoge que la colaboración de la Consejería de Educación "ha sido la adecuada". Supresión en Castilla La Mancha Javier Amoedo también ha advertido de que la supresión del organismo del Defensor del Pueblo en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, como ha propuesto su presidenta, María Dolores de Cospedal, "no es una buena medida" ya que se privaría de una institución de control al Ejecutivo castellanomanchego y de defensa de los derechos de los ciudadanos ante posibles irregularidades de las administraciones. Amoedo ha aprovechado la presentación para recordar que "no ha oído nunca" al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, hablar de la supresión de esta institución ni poner en duda su existencia. Javier Amoedo se ha referido asimismo a una reciente reunión de los defensores del pueblo a nivel nacional en la que, según ha admitido, se ha planteado el problema surgido tras el planteamiento de suprimir esta institución en Castilla-La Mancha. "En otras comunidades autónomas no se ha planteado y menos en Castilla y León", ha aseverado el Procurador del Común, quien ha defendido "el buen cartel" que tiene esta institución entre los ciudadanos castellanoleoneses por su trabajo diario, con tres resoluciones diarias, y su carácter "totalmente independiente". Amoedo ha insistido en su convencimiento de que la existencia del Procurador del Común está "totalmente motivada" y ha reiterado que su labor deriva de mucho trabajo y de muchos estudios. "Si el ciudadano no confiase no vendría", ha considerado el presidente de este organismo estatutario.