El Supremo admite a trámite el conflicto de las actas de los Consejos de Gobierno

El Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, dependiente del Tribunal Supremo, ha admitido a trámite el conflicto de competencias planteado a cuenta de las actas relativas a las sesiones celebradas por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía durante los últimos diez años, solicitadas por la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, dentro de la investigación por la trama de prejubilaciones fraudulentas descubierta en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Junta de Andalucía. En una providencia dictada el 13 de julio, el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción -conformado por el presidente del Supremo, Carlos Dívar, y por los magistrados Octavio Juan Herrero y José Manuel Bandrés, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal- admite a trámite el conflicto sobre las actas después de haber recibido el auto dictado el pasado 6 de julio por la juez Alaya, en el que ésta mantenía su jurisdicción y decidía elevar el conflicto al Supremo. En este sentido, el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción da traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a la Administración autonómica para que, a partir del lunes día 18 de julio, formulen las alegaciones que estimen convenientes. En su auto de 6 de julio, la juez Alaya mantiene su competencia "e insiste en requerir a la Junta el cumplimiento de la prueba ordenada", defendiendo que "la improcedencia del conflicto de jurisdicción estriba sencillamente en su carencia de objeto", pues "lo cierto es que lo que se ha requerido a la Junta carece del carácter secreto o reservado de conformidad con los artículos 30 y 31 de la Ley del Gobierno de la Comunidad". El objetivo es saber si hubo delito y, si lo hubo, su autor La juez añade que su requerimiento se limita estrictamente a las circunstancias relativas al tiempo y lugar de la celebración de estos Consejos, relación de los asistentes y acuerdos adoptados, "excluyéndose la aportación de aquellos documentos que se presenten al Consejo de Gobierno y que por decisión del mismo mantengan su carácter reservado, en cuyo caso se deberá dirigir por el Gobierno andaluz al Juzgado exposición razonada sobre dicho carácter". "Ni se requieren las deliberaciones del Consejo, ni las opiniones o votos emitidos en él, que no forman parte de las actas del Consejo precisamente por su carácter secreto", precisa. Tras ello, pasa a analizar por qué se estimó necesaria la aportación de las actas, señalando que se están investigando "dos hechos claramente diferenciados e interrelacionados entre sí", como son "la trama para incluir en los ERE o en las pólizas para el abono de prejubilaciones a personas que nunca habían trabajado en las empresas afectadas, así como para la contratación de pólizas individuales o derivadas de ayudas sociolaborales a empresas para favorecer a determinados beneficiarios, autorizadas por responsables de la Administración a modo de 'fondo de pensiones' y costeadas con fondos públicos". Los beneficiarios, agrega, "eran designados por motivos de amistad, de relaciones familiares o de pertenencia al PSOE o a determinados sindicatos". El segundo hecho, explica, parte de la figura usada por Empleo para suministrar esas ayudas que "materializó" el IFA, "destinadas a auxiliar a empresas en crisis". La jueza aclara que lo que se pretende averiguar a través de las actas es si de las mismas puede desprenderse alguna actuación delictiva por parte de autoridad o funcionario público", y señala que "es claro que, de no aportarse las actas solicitadas, se impediría en la fase sumarial la investigación de si tales hechos delictivos, de extraordinaria gravedad por su contenido y por su permanencia en el tiempo, existieron". De otro lado, la juez Alaya subraya que la denegación de la entrega de las actas por parte de la Junta "está desprovista completamente de la razonabilidad necesaria". Esto se debe, en su opinión, a que "la Junta es acusación particular, y sería una auténtica paradoja que utilizara su posición de custodio de dichos documentos para ocultar datos que indiciariamente sirvieran para incriminar a personas que ostenten o hayan ostentado cargos en la misma". "Si estas personas han atacado la fama y el buen nombre institucional de la Junta, la reacción del Ejecutivo debía ser de total colaboración y transparencia", apostilla.