Una reforma acelerada para cumplir con Bruselas

La primera amenaza, aquella noche de mayo de 2010 en la que la especulación brutal en bolsa evidenció la ausencia de fortaleza del Gobierno español para hacer frente a los mercados, se saldó con el famoso recortazo de salarios a funcionarios, pensiones y tiejeretazos al gasto. Con el acuerdo de esta noche, que se resumen en fijar por ley el equilibrio entre ingresos y gastos aunque no se han puesto sobre el papel las cifras, Zapatero trata de frenar la intervención del tándem Sarkozy-Merkel en nuestra economía. El núcleo duro del euro quiere que endeudarse de más, ahora que viene una segunda recesión mundial, sea castigado por ley, lo que podría justificar más adelante una intervención comunitaria, según los expertos. La intención del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de fijar un límite presupuestario a medio y largo plazo en la Constitución, es una de las propuestas 'estrella' de la alianza francoalemana para impulsar un gobierno auténtico de la zona euro. Entre otras medidas, la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Nicolas Sarkozy, anunciaron tras la cumbre clave del 16 de agosto que propondrían al eurogrupo la creación de una 'regla de oro' para que cada país socio de la zona euro tenga impuesto un techo de déficit en su Constitución antes del verano de 2012. Pero detrás de este anhelo comunitario también se esconde el temor de Francia y Alemania a que su posición en los mercados y la calidad de su deuda esté contaminada. De hecho, Alemania y Francia ya han sufrido en sus propias carnes ataques especulativos, coincidiendo con el frenazo de sus economías en el segundo trimestre. El primer país en aceptarlo y proceder a su implantación tenía que ser España. ¿Por qué? En primer lugar,porque a lo largo de todo el mes de agosto y junto a Italia, España ha vuelto a sufrir los ataques a su deuda,que no han sido parados pese al éxito de las últimas subastas de deuda pública de julio, los recortes de gasto implantados y el cumplimiento de reducción del déficit en 2010, aunque la rebaja al 6% desde el 9,2% actual parece más difícil de cumplir. España no transmite confianza y es el país en una posición más débil por sus perspectivas económicas, y tuvo que intervenir el Banco Central Europeo (BCE) comprando deuda de ambos países, una medida insólita que siempre antecede a la intervención, como fue el caso de Grecia, Irlanda o Portugal. El rapapolvo de Trichet La medida es tan grave (lleva más de 22.000 millones acumulados en bonos que pueden bajar de calidad en cualquier momento), que motivó el envío por parte del presidente del BCE, Jean-Claude Trichet, a Zapatero y Berlusconi, en la que hacía 'recomendaciones' sobre política fiscal y laboral, con rapapolvo incluido por tener que comprar deuda española e italiana para contener la falta de confianza y la sangría en los mercados. Fuentes gubernamentales apuntan que pedía “medidas que incidan en la recuperación de la competitividad a través de una mayor productividad y una moderación en los costes empresariales, es decir congelación salarial. Además, y en esto también recibió recado de Merkel y Sarkozy, conminaba al presidente del Gobierno a plantearse como fuera la rebaja de las cifras de desempleo. Nuestra tasa de desempleo, que supera el 20%, es la mayor de Europa, y también somos campeones en desempleo juvenil, con un porcentaje del 46,1% sobre la población activa. Estas peticiones están en el germen del encuentro urgente que Zapatero mantuvo con los sindicatos y la patronal para transmitir la necesidad de un mensaje de unidad y respuesta de los agentes sociales. De ahí, la carta a la que se refirió el presidente en el Pleno extraordinario de economía de la pasada semana, en la que ambos se muestran entre otras cosas, dispuestos a ampliar la vigencia temporal del actual Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva y a llegar a un acuerdo para contener los salarios, justo lo que pedía Trichet. A cambio planteaban sus exigencias. La primera es el desbloqueo de la renovación de los convenios pendientes para este año, más de la mitad a estas alturas de 2011 y la prórroga del subsidio de 400 euros por formación. Las renuncias de los mismos se están viendo ahora: el Gobierno ya ha confirmado que alargará la vida de los contratos temporales, a cambio de prorrogar el subsidio a los parados por formación. Impulsará además la contratación juvenil, en un intento por dinamizar el mercado de empleo, después de haber hecho una política de abaratamiento del despido. Meter en cintura autonomías y ayuntamientos El segundo punto por el que Bruselas está interesada en que España acate el proyecto es por el descontrol presupuestario autonómico y local. El núcleo duro europeo es consciente de que el Gobierno español ha sido incapaz de meter en cintura a los gobiernos periféricos, y también de que este descontrol está en el punto de mira de las calificaciones de las agencias de riesgo. Y es una de las razones por las que Zapatero acudió al PP, consciente también de que los gobiernos autonómicos donde gobierna su partido (Valencia, Murcia, Castilla la Mancha y las ciudades de Madrid y Valencia, entre otras) están en ese punto de mira. Además, y después de verse como virtual ganador de las elecciones generales de noviembre, no quería enfrentarse a una eventual intervención comunitaria de forma oficial.Ha preferido aliarse con el PSOE y poder meter en cintura, y con la ley en la mano, a los díscolos gobernantes de su partido. Las cifras hablan por sí solas: unas administraciones públicas cuyo gasto se ha desbocado, como se refleja en la deuda de 6.208 millones de las diputaciones, de 52.000 de las empresas públicas o 1.480 de las televisiones autonómicas. Pero lo más importante, y ahí es donde nos penalizan agencias, inversores, analistas, Bruselas, no es el calibre de la deuda sino la posibilidad de devolverla. ¿Cómo hacerlo con crecimientos trimestrales del 0,2% y una economía mundial en recesión de nuevo, un desempleo superior al 20% y un desfase entre ingresos y gastos superior al 9%? Este cuadro macroeconómico es el origen de la amenaza de intervención. Algunos ejemplos de gasto descontrolado El debate sobre la utilidad de las diputaciones provinciales tiene cifras: son unas instituciones que manejan un presupuesto de 22.000 millones y cuyas competencias son mínimas. Dan empleo a 77.036 trabajadores y servicio a 15 millones de ciudadanos. Pero su deuda también es muy elevada, ya que asciende a 6.208 millones de euros. El candidato socialista Alfredo Pérez Rubalcaba ha lanzado esta propuesta de supresión, con gran oposición dentro de su partido que siempre ha defendido la utilidad de la mismas. De hecho, el propio Rubalcaba se opuso a su eliminación cuando así lo planteó el entonces ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla. Rubalcaba cifró en mil millones el ahorro que supondría la desaparición de los 1.040 diputados provinciales. Pero después de esta propuesta inicial, el candidato socialista ha dado un paso atrás y ahora sólo habla de transformarlas y repensar su función.Los populares se han opuesto a la propuesta socialista y acusan a Rubalcaba de querer dejar sin servicios a estos quince millones de personas. El PP propone como alternativa eliminar primero los asesores. Televisiones autonómicas La dimensión de estos grupos de radiotelevisión empieza a cuestionarse ahora que la crisis económica azota las cuentas públicas y empiezan a alzarse voces que piden su desaparición. De los 13 grupos de televisiones autonómicas que hay en España (todas, salvo Cantabria, Castilla y León, La Rioja y Navarra) manejaban en 2010 un presupuesto de 1.860 millones, pero su deuda global asciende a 1.480,6 millones, según un estudio de Uteco (Unión de Televisiones Comerciales Asociadas). Estas televisiones dan empleo a unas 10.000 personas. Para hacerse una idea de la dimensión del coste que suponen estos medios de comunicación, es que es superior al dinero que el presidente del Gobierno quiere conseguir congelando las pensiones en 2011. Hay casos llamativos, como Canal Sur, con 232,2 millones, y Cataluña, con 324. Empresas públicas Las empresas públicas son otro agujero en las arcas del Estado, con el agravante de que escapan a cualquier control del Tribunal de Cuentas o de los respectivos parlamentos autonómicos. Las administraciones públicas han encontrado en estos órganos la vía más fácil para colocar a dedo a los trabajadores y para distribuir subvenciones sin ningún tipo de fiscalización. En España, este sector ha tenido un crecimiento espectacular, ya que en diez años se ha multiplicado un 78 por ciento. Actualmente, el número de empresas públicas es de cerca de 4.000, con una deuda que ronda los 52.000 millones de euros, lo que supone más de un 5 por ciento del PIB.Hay casos realmente llamativos como Andalucía, con 369 empresas que, gracias a un decreto de la Junta, ha hecho fijos a unos 20.000 funcionarios que entraron a dedo. Los funcionarios utilizan unos 340.000 teléfonos móviles pagados con dinero público, según el informe Reina elaborado en 2011 por el Ministerio de Administraciones Públicas. Solo los que se utilizan en la Administración central tienen un coste de 108 millones de euros. El parque de vehículos que está al servicio de todas las administraciones del Estado ronda los 35.000 vehículos, de los que sólo las autonomías tienen 1.200. El coste de mantener esta flota de vehículos, en muchos casos de alta gama, es de unos 240 millones de euros al año. Lea también: Ver el documento acordado para la reforma constitucional Blanco niega que el BCE haya dado órdenes para la reforma Fumata blanca: PSOE y PP, de acuerdo en el texto de la reforma El lío de las cartas secretas El Gobierno admite que ya es "más difícil" cumplir las previsiones de crecimiento