Con el proceso al aire

   Que lo que mal empieza mal acaba, es cosa sabida; lo que no estaba tan claro es qué podía pasar con lo que empieza más o menos bien pero se va complicando por el camino. La comisión rogatoria que la magistrada francesa Lawrence Le Vert -experta en asuntos terroristas- ha enviado a España, es una patata caliente que, mire usted por donde, todo el mundo quiere coger. Naturalmente "todo el mundo" se limita en este caso al inefable juez Del Olmo y al no menos inefable juez Garzón. Será la propia Audiencia Nacional la que dirima este pleito de competencias y decida a quién corresponde el asunto.

   Como no teníamos suficiente con lo ocurrido en el último gran debate parlamentario sobre el Estado de la Nación y la absurda petición del PP de que el Gobierno hicieran públicas las actas de los contactos con ETA, llega la magistrado Le Vert y pregunta todo lo preguntable sobre el presunto miembro etarra Juan Carlos Yurrebaso detenido en Francia y que se presentó como miembro del "aparato negociador". La magistrado quiere saberlo todo, como es natural,  y no se ha cortado un pelo en las peticiones que contiene la comisión rogatoria: si hubo o no negociaciones del Gobierno de España con ETA, si las hubo después del comunicado donde ETA daba por finalizada la tregua, de quien son los números de teléfono que tenía  Yurrebaso, que se interrogue a los titulares de esos números, que se registre si es necesario... y así hasta dejar -me temo- con la verdad al aire el llamado "proceso de paz".

   Estoy seguro que la juez Le Vert hubiera pedido lo mismo si el gobierno francés fuera socialista, pero tiene su punto que llegue la derecha al Elíseo y se pueda organizar lo que -de no pararlo a tiempo por la vía diplomática- se puede organizar con esta comisión rogatoria. De ahí también que los amigos de las conspiraciones observen con lupa si el asunto se lo queda Del Olmo o pasa a manos de Garzón. Como ejemplo queda feo: que dos jueces "se pidan" el caso para ellos, no es de recibo aunque en honor a la verdad hay que reconocer que estas cuestiones competenciales vengan ya de antiguo.

   La pregunta ahora es qué hacer con la comisión rogatoria y todo lo que en ella se contiene. Le toque al juez que le toque, tiene diversas opciones: aceptar y ofrecer a la Justicia francesa la versión políticamente correcta que el Gobierno ha mantenido hasta ahora o ponerse a investigar en un terreno tan resbaladizo como el que toca.

   Las respuestas a lo que pregunta Le Vert están en las alcantarillas de todos los poderes y no es cómodo -ni tal vez bueno- remover esas profundidades. Podría haber incluso razones de estado para no hacerlo, pero habrá que casar de alguna forma la independencia del poder judicial y los intereses del Gobierno. Dejar el proceso al aire puede resultar excesivamente contaminante.