La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha anunciado que su partido va a impulsar de manera inmediata una auditoría a toda la gestión de Fernando Grande-Marlaska al frente del Ministerio de Interior ante "la degradación sin límites" de su política. "Es un avance de lo que hará un Gobierno de Feijoó", sentencia.
La 'popular' destaca que se pondrá en marcha una ponencia en la comisión de Interior del Senado porque "urge aportar luz" y Marlaska "vive muy cómodo en las tinieblas". "Todos los trapos sucios deben salir a la luz. No nos vamos a quedar de brazos cruzados y pondremos tanto empeño como los ministros en ocultarlo", ha adelantado.
"El mejor ejemplo es que los mayores beneficiados por la acción de Marlaska son los condenados por delitos de terrorismo. Viven mejor que cuando llegó al ministerio. Probablemente en España sean los únicos", reflexiona.
Gamarra también cuestiona por qué "la política penitenciaria de Marlaska responde a los intereses políticos de Sánchez y Otegi", primero con los acercamientos, después con las transferencias de la competencia penitenciaria al Gobierno vasco y de ahí a los terceros grados y a la aplicación del artículo 100.2 para su puesta en libertad.
"Una política penitenciaria al servicio del sanchismo, liberaciones de los presos terroristas a cambio de los votos de Bildu. Hoy el 8% de los presos en las cárceles vascas, que son los terroristas, acumulan el 85% de las libertades a través del artículo 100.2. Y esto es una decisión política", ha criticado.
La dirigente del PP denuncia además que "los escándalos se suceden sin descanso": "El cese indecente de Pérez de los Cobos por negarse cometer una ilegalidad, la desprotección de los agentes asesinados por una narcolancha, el desmantelamiento del organismo de coordinación contra el narcotráfico, el acercamiento y las liberaciones de asesinos terroristas, elegir y prorrogar la carrera del DAO, acusado por una subordinada de haber cometido presuntamente una agresión sexual", relata.
Además indica que el PP quiere saber qué medidas se han puesto en marcha para dotar de más y mejores recursos a las FFCCSS, después de que hayan pasado dos años del asesinato de dos guardias civiles en Barbate o analizar qué ocurre para que siga el aumento de la criminalidad, especialmente con los delitos más graves, homicidios, secuestros, tráfico de drogas o violaciones.
El Gobierno "debe asumir responsabilidades"
También ha adelantado que "hacen falta muchas explicaciones y que el Gobierno asuma sus responsabilidades políticas"; y afirma que el PP preguntará qué está pasando dentro de la Policía Nacional y qué medidas se están implementando para que no haya agresiones sexuales.
Ha sostenido que "la corrupción, el abuso y la desviación de poder y los acosos y los abusos sexuales se han convertido en el paisaje de todas las semanas dentro del sanchismo"; y reprocha que, pese a que los hechos son tan graves como los de la presunta violación del DAO -al que Marlaska eligió, blindó y prorrogó su mandato-, el ministro de Interior sigue sin dimitir.
Señala que, aunque Marlaska “está desnortado política y moralmente y debería haber dimitido ya”, su único objetivo es “blindarse”. “¿Le parece poco fracaso al ministro que no haya confiado una mujer en los canales del propio Ministerio?”, subraya.
Gamarra acusa a los socios "de tragar con todo con tal de sobrevivir" y señala que "van, paso a paso, al precipicio, porque con su silencio lo están respaldando todo". "Se cambiarán de nombre y se refundarán pero eso no les va a salvar de su derrota electoral, porque a estas alturas los socios de Sánchez no engañan a nadie", apunta.
Denuncia la gravedad de la regularización masiva de inmigrantes del Gobierno en la que basta una declaración responsable para afirmar que no se tienen antecedentes penales fuera de España, dando por buena la palabra de quien quiere regularizarse sin comprobar su historial.
Por último, ha calificado de "temeridad" que la mera presentación de la solicitud suspenda los procedimientos sancionadores y las expulsiones en marcha y blindan a quienes ya hayan cometido delitos en España.
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