Piden 30 años para el grapo acusado de asesinar a un policía en Madrid

En sus conclusiones provisionales, el fiscal Jesús Alonso le considera responsable de un asesinato terrorista, que cometió en compañía de Israel Torralba, ya condenado por este atentado, aunque fue Martín Ponce quien efectuó el disparo "de manera totalmente traicionera y por la espalda".

De acuerdo con su escrito, los dos terroristas habían decidido asesinar a un agente de las fuerzas de seguridad del Estado y, con ese objetivo, "deambulaban" por Madrid cuando observaron que salía del colegio público Luz Casanova, en la calle Alondra, un policía nacional, Francisco Javier Sanz, adscrito a los grupos de seguridad ciudadana. Aprovechando que se encontraba "absolutamente desprevenido", ya que estaba guardando unos papeles en el portaequipajes de su moto oficial, se acercaron a él y le efectuaron un disparo en la cabeza, lo que le causó la muerte de forma inmediata.

Después, añade el fiscal, "de manera fría y sin escrúpulos", y mientras la víctima se desangraba en el suelo, le arrebataron su pistola reglamentaria y se dieron a la fuga. En su huida, fueron increpados y seguidos por algunos testigos del crimen y "para evitar ser alcanzados por ellos" se volvieron empuñando las armas que portaban, amenazando con dispararles, lo que hizo que éstos desistieran y, por tanto, que los asesinos pudieran escapar.

El arma con la que asesinaron al policía fue hallada en un registro que se efectuó en el domicilio de unos miembros del GRAPO. Además de la petición de 30 años de cárcel por este delito, el Ministerio Público solicitará en el juicio, que se celebrará este miércoles en la Audiencia Nacional, que se prohíba a Martín Ponce, que fue extraditado por Francia el 22 de diciembre de 2006, acercarse o residir en Madrid durante un período de cinco años y el pago de una indemnización de 400.000 euros a los herederos del policía.

Por otro lado, la Audiencia Nacional comenzará a juzgar este lunes a la integrante del GRAPO María Ángeles Ruiz Villa por colocar presuntamente en junio de 1999 un artefacto explosivo en la sede del PSOE del distrito de Vallecas, en Madrid, hechos por los que el fiscal pide ocho años de prisión.

Según el escrito del fiscal, María Ángeles Ruiz Villa, nacida en Mérida (Badajoz) en 1967 y entregada por las autoridades francesas el 29 de junio del pasado año, se presentó sobre las ocho de la tarde del 10 de junio de 1999 en la sede del PSOE situada en la calle Concordia, de Madrid. "Con ánimo de alterar gravemente la paz pública durante la campaña electoral para las elecciones municipales, autonómicas y europeas", según el fiscal, Ruiz Villa colocó un artefacto explosivo en los lavabos de señoras instalados en la primera planta del edificio, preparado para que hiciera explosión horas después.

La miembro del GRAPO abandonó inmediatamente el lugar y durante la madrugada se produjo la explosión del artefacto, que causó daños valorados en 901,51 euros. Sobre las doce de la mañana del día siguiente se recibió una llamada en el centro de emergencias 112 de Madrid, en la que una mujer no identificada comunicaba, en nombre del GRAPO, que había una bomba colocada en el número seis de la calle Concordia. El 7 de junio de 2000, el GRAPO reivindicaba esta acción en un comunicado.

Además, las fuerzas de seguridad relacionan a Ruiz Villa con otras acciones, como un atraco ese mismo año, 1999, a una sucursal bancaria en Valladolid; otro en 2000 a un supermercado en Barcelona, y en 2001 el asalto a un furgón blindado en Camargo (Cantabria).

Ruiz Villa fue detenida el 18 de julio de 2002 en París junto a otros militantes de los GRAPO, que entonces formaban la dirección reconstituida de la banda. El Tribunal Correccional de París condenó en enero de 2006 a Ruiz Villa a seis años de prisión por un delito de asociación de malhechores con fines terroristas, y a otros ocho miembros del GRAPO y del Partido Comunista de España Reconstituido (PCE-R), entre ellos el histórico Fernando Hierro Chomón, a penas de entre 18 meses y siete años de cárcel.