Supongo, amadísimos, globalizados, megaletileonorisofiados y jueveados niños y niñas que me leéis, que puestos a elegir un día nefasto de entre los siete de la semana, SS.AA.RR. los PrínZipes de Asturias, sin ningún género de dudas, se inclinarían por el cuarto, el jueves. Y motivos no le faltan al tándem formado por el heredero de la Corona de España y su consorte.
Sí, ya sé que toda la progresía y todo el periodismo, con un entusiasmo corporativo que pone los pelos de punta, ha estallado en jeremíacas elegías ante el secuestro de la irreverente edición de El Jueves, instada por Cándido Conde-Pumpido, Fiscal General del Estado, y acordada por Juan del Olmo, magistrado de la Audiencia Nacional, en el uso de su función jurisdiccional. Eso era de esperar. Pero, sin embargo, a mamá le ha causado una pésima impresión que el Partido Popular, el de las gentes sensatas y de bien, con la excusa de atacar aún más al Gobierno de ZetaPé, haya criticado la medida cautelar del secuestro de una publicación cuya portada tenía un contenido “claramente denigrante, objetivamente infamante y posiblemente delictivo”.
Porque, de acuerdo con el artículo 490 del Código Penal (he tenido que recurrir a mis abogados para poder citarlo) hay intencionalidad injuriosa contra el PrínZipe heredero de la Corona “en el ejercicio de sus funciones o con motivo u ocasión de estas”. Sí, ya sé que la viñeta de portada de El Jueves (ese execrable producto que hago comprar todas las semanas para escudriñar en sus nefandos contenidos aquellos que merezcan mi magistral censura reprobatoria), pero en ella (a mamá le hemos evitado todo ese amargo trago) no se puede ver la caricatura de un acto privado y de índole íntima. No. No de noes. La coyunda prinZipesca, siempre dentro del matrimonio legítimo, no es privada. (Jáuregui, no pongas esa cara). Aunque sea entre sábanas de seda –o de raso o de satén—cuando Don Felipe yace carnalmente con Doña LetiZia, no lo hace en su calidad de esposo, sino en el ejercicio de su función. Porque, ¿qué otra función más propia de su condición de heredero de la Corona de España tiene Don Felipe de Borbón y Grecia que la de engendrar nuevos seres que aseguren, en todo momento, la continuidad de la línea dinástica? ¿Sí o sí, pequeñines/as míos/as?
Por tanto, esos caricatos, esos humoristas satíricos, esos eternos disolventes y deformadores de la realidad no han hecho sino cometer un delito de lesa Majestad. Y debe ser los Tribunales de Justicia, con su reconocida imparcialidad, quienes corrijan este gravísimo exceso de esos chumosos jueveros, cuyo antimonarquismo los coloca a la altura de aquellos sans-culottes de la Revolución Francesa que han pasado a la Historia como uno regicidas de tomo y lomo. En la Francia del siglo XVIII utilizaron la guillotina. En la España del siglo XXI, los de “El Jueves” usan la caricatura para socavar los cimientos del Trono. Y, encima, se inflan a vender ejemplares.
Por ello, amadísimos/as de mi paterno corazón, lo que procede es que el Gobierno, en el uso de sus atribuciones, declare materia reservada todo lo concerniente a la Familia Real. Que se reforme el vigente Código Penal y que, a partir de ahora, (vete enterando Vilariño) cualquier alusión no laudatoria a S.M. el Rey, que Dios guarde, su cónyuge; el heredero de la Corona, esposa y prole, así como las Infantas, sus maridos respectivos y su descendencia, sea penada con una condena de diez años de prisión como mínimo. Sólo así se podrá poner coto a tamaña falta de respeto institucional. Eso sin contar que, para el resto de informaciones institucionales, antes de su aparición en cualquier soporte, sea éste de imprenta, audiovisual o electrónico, deberá presentarse, en obligatoria consulta voluntaria de los directores de los medios, siete días antes ante la Secretaría de Prensa de la Casa de S.M. el Rey, teniendo su responsable un plazo de 180 días naturales para aprobarla o denegarla. Que no hay que confundir la libertad de expresión con el libertinaje soez.
O sea, que en cuanto SS.MM. los Reyes y el resto de la Real Familia acaben sus bien merecidas vacaciones, allá para el mes de octubre, habría que convocar un acto nacional de desagravio a sus personas. Quizá en forma de concentración ante la fachada del Palacio Real, en la madrileña Plaza de Oriente. Será el marco adecuado para un evento de tanta importancia institucional.