El Consejo de Ministros aprobó este viernes en una reunión extraordinaria un real decreto Ley que contiene un conjunto de medidas económicas y fiscales para la reparación de daños ocasionados por los incendios ocurridos en Canarias durante los últimos días del mes de julio y los primeros de agosto, y que han sufrido con especial intensidad las islas de Gran Canaria, Tenerife y La Gomera.
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, señaló en rueda de prensa que "ha habido un momento muy difícil en el archipiélago canario, pero se ha respondido con muchos más medios que los que ha tenido nunca Canarias". Así, el Ministerio de Medio Ambiente cuenta con 10 aeronaves más que las que tenía al inicio de la legislatura, dispone de 120 brigadistas más y se ha creado la Unidad Militar de Emergencia que dispone de 800 efectivos, y 300 de ellos se han desplazado a Canarias. En Canarias, el gasto del Ministerio de Medio Ambiente es cinco veces superior al presupuesto de 2003.
En cuanto a las hectáreas y daños producidos, se está haciendo la evaluación aunque los daños son "inferiores" a los previstos inicialmente, ya que en un primero momento se había estimado en 35.000 las hectáreas afectadas, pero ahora se calcula que pueden ser 11.000 hectáreas, indicó Pérez Rubalcaba. Por el momento no se puede estimar cuánto van a costar los incendios, aunque no hay limitación de crédito, y "en tres meses estará todo resuelto", afirmó.
El ministro del Interior destacó el gran trabajo realizado por todos los cuerpos de extinción de incendios y afirmó que "las actuaciones han permitido evitar lo que podía haber sido un daño mayor". Así, "hubo una excelente coordinación" entre brigadas locales, del Cabildo y del Estado, la coordinación "ha funcionado muy bien", así como la Unidad Militar de Emergencias cuyo "estreno no ha podido ser más exitoso", resaltó el titular de Interior.
En esta línea, el ministro dejó muy claro que "de crisis de coordinación nada de nada". "Creo que ha habido una excelente coordinación, y lo dice el Gobierno canario, no lo dice el propio Gobierno central". Así, en el centro de coordinación trabajaron codo con codo miembros de la Policía, Guardia Civil, y brigadas de extinción y "se ha funcionado bien, nos hemos coordinado bien y es lo que justifica que hayamos tenido éxito en la extinción, porque hubiera sido un incendio mucho peor si no hubiéramos trabajado juntos".
Factores favorables
Rubalcaba comentó que en Canarias se produjeron los cuatro factores más favorables para la propagación del fuego: una temperatura superior a 30 grados, humedad por debajo 30%, vientos de más de 30 kilómetros por hora y una pendiente de más de 30%.
Por otra parte, Narbona se mostró a favor de un Pacto de Estado contra los incendios, aunque recordó que su Ministerio ya alcanzó un acuerdo con todas las comunidades autónomas en enero de 2005 y a partir de ahí ha habido varias iniciativas parlamentarias en las que el PSOE ha solicitado un Pacto, pero siempre el PP ha votado en contra.
La ministra de Medio Ambiente también reivindicó la colaboración ciudadana porque si no "es muy difícil poder culpar a nadie", y concretamente en Canarias "casi casi se sabe quién ha causado el incendio de Los Realejos en Canarias y los ciudadanos pueden aportar una valiosa información". Además, recordó que 9 de cada 10 incendios son causados por negligencia o acto intencional y llamó a la responsabilidad de los ciudadanos para prevenirlos.
En cuanto a la propuesta de crear un Centro Nacional de Gestión de Crisis, Narbona indicó que "lo importante es saber lo qué tiene dentro, porque más medios y más mecanismos de coordinación ya los hay", pero preguntó al PP "si es una forma encubierta de tratar las competencias de la comunidades autónomas".
Las medidas contenidas en el real decreto ley aprobado se aplicarán a las personas y bienes afectados por los incendios ocurridos durante los últimos días de julio y primeros de agosto de 2007 en Canarias. Los términos municipales y núcleos de población de dicha Comunidad Autónoma a los que concretamente sean de aplicación dichas medidas se determinarán por Orden del Ministro del Interior.
En cuanto a las infraestructuras locales, se financiarán las obras de reparación o restitución de todo tipo de infraestructuras, equipamientos y servicios de titularidad municipal, de las mancomunidades, así como de la red viaria de los Cabildos Insulares, hasta un 50 por ciento de su coste.
Producciones agrícolas y ganaderas
Por su parte, las ayudas para daños en producciones agrícolas y ganaderas van dirigidas a compensar las pérdidas sufridas en éstas que hayan sufrido pérdidas superiores al 20 por ciento de su producción. Destacan las indemnizaciones destinadas a cubrir los gastos para la alimentación de los animales como consecuencia de la destrucción de pasto.
En el capítulo de beneficios fiscales se incluye la exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondiente al ejercicio 2007 para viviendas, establecimientos industriales y mercantiles, explotaciones agrarias y locales de trabajo, cuando los daños hayan obligado al realojamiento total o parcial de personas o bienes. Asimismo, habrá una reducción del Impuesto sobre Actividades Económicas proporcional al tiempo de paralización de la actividad para las industrias.
También se prevé supresión de las tasas de tráfico aplicables a la tramitación de bajas de vehículos y de expedición de duplicados de los permisos de conducir o de circulación, cuando se soliciten como consecuencia de estos siniestros. Se habilita al Ministerio de Economía y Hacienda para que reduzca los módulos de las actividades agrarias, a efectos de la determinación de la cuota del IVA y el IRPF.
En el caso de suspensiones o extinciones de contratos de trabajo por incendio, el empresario quedará exonerado de abonar las cuotas a la Seguridad Social mientras dure la suspensión del contrato y, en el segundo caso, las indemnizaciones por despido correrán cargo del Fondo de Garantía Salarial. Asimismo, las empresas y los trabajadores por cuenta propia obtendrán una moratoria de un año en el pago de las cuotas de la Seguridad Social, correspondientes a los 3 meses naturales inmediatamente anteriores al siniestro.
Se prevé la concesión de ayudas personales por daños en la vivienda habitual y enseres de primera necesidad, así como de subvenciones a Corporaciones Locales por emergencia. Además, si por los incendios se hubiera producido la destrucción total de la vivienda, sus propietarios, arrendatarios o usufructuarios podrán obtener una ayuda que les permita realojarse en una vivienda en régimen de alquiler durante un período máximo de 24 meses prorrogables hasta que sea posible la reconstrucción de la vivienda. Asimismo, los propietarios podrán ser beneficiarios de una ayuda económica para su reparación, rehabilitación y reconstrucción, que no podrá ser superior al 50 por ciento del valor de los daños producidos en la vivienda.
Por otra parte, se pondrá en marcha una línea de préstamos en el Instituto de Crédito Oficial, por importe de 25 millones de euros, con el fin de que los afectados puedan atender la reparación o reposición de instalaciones industriales, mercantiles, agrícolas, automóviles, motocicletas y ciclomotores de uso particular, vehículos comerciales, embarcaciones particulares y locales de trabajo que se hayan visto inutilizados.
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