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Contabilidad

Contabilidad

domingo 09 de septiembre de 2007, 06:50h
Creo que ya les conté que Luca Paccioli no solo fue el creador de la partida doble, en la contabilidad, sino que fue el maestro de matemática de Leonardo Da Vinci. Es más, como también ya les conté, las revistas de “chimentos” de la época sugieren que Luca y Leonardo “eran algo más que amigos”.

Pero volviendo a la contabilidad, las necesidades de transparencia del mercado de capitales, por un lado, y los avances en las técnicas de management, por el otro, hicieron que, en los últimos años, al igual que lo soñaba Paccioli, los registros contables y los balances se convirtieran en instrumentos idóneos para evaluar gestión y tomar decisiones, en la medida que gran parte de la “contabilidad creativa” quedó confinada al plano del delito.

Lamentablemente, dichas innovaciones no han llegado a la contabilidad pública. Al contrario, al menos en la Argentina, pero no solo en nuestro país, la contabilidad creativa, perseguida –no siempre con éxito- en los ámbitos privados, goza de buena salud en el Estado.

Y esa buena salud, además de esconder fraudes varios, engaños y autoengaños, también impide reflejar adecuadamente el presente y el futuro para la toma de decisiones en materia de gastos, impuestos y deuda.

El ejemplo más reciente ha sido la llamada “Reforma Provisional” del 2007.

En efecto, como resultado de dicha reforma, el gobierno nacional está presentando como ingresos corrientes del sector público, los fondos que, en forma extraordinaria, el sistema de Administración de Fondos de Jubilaciones y Pensiones traslada al ANSES por los traspasos obligatorios decididos por la ley.-Curiosamente, se trata de traspasos obligatorios, producidos en el marco de la “libertad de elección” que, se supone, otorga dicha reforma. Pero esto forma parte de otro fraude, el dialéctico, al que ya nos tiene acostumbrado este gobierno.

No solo se contabilizan como ingresos corrientes, ingresos extraordinarios. También se contabilizan como “ingresos fiscales” los distintos títulos de la deuda pública, acciones y bonos que, a valor técnico, forman parte de la cartera de inversiones de los ahora obligatoriamente pasados al sistema de reparto. En otras palabras, se considera ingreso corriente al rescate de una deuda pública, junto con la recepción de acciones y otros instrumentos de deuda que estaban en las carteras de las AFJP y ahora están en la cartera del ANSES.. (¿Se imaginan las consecuencias sobre el mercado de capitales de un intento del Estado de convertir “en plata” parte de esos instrumentos?).

Pero esa no es la única anomalía contable. Cuando el Estado recibe estos ingresos, simultáneamente, esta asumiendo el compromiso de pagar una jubilación en el futuro, compromiso que, hasta este momento, estaba en manos, al menos parcialmente de las AFJP. Es decir, lo que recibe no es un ingreso, sino un “préstamo”, dado que, contra ese ingreso, asume la obligación de pagar una deuda en el futuro. ¡Lejos del “desendeudamiento” proclamado, el Estado ha vuelto a endeudarse, sin contabilizarlo!.

Nótese, entonces, que solo en este registro contable, producto de la reforma provisional se producen anomalías que, en la contabilidad privada, de ser descubiertas, serían penalizadas con rigor. Se contabilizan ingresos extraordinarios como si fueran corrientes. Se consideran ingresos de caja, la recepción de “papeles de deuda”.

Se rescata deuda pública sin darla de baja de los registros correspondientes y se la computa como ingreso de fondos. Y, finalmente, se asume una deuda futura sin contabilizarla.

Obviamente, esto no solo es un tema de registro, sino también de políticas públicas y de toma decisiones hacia el futuro. Esta forma de contabilizar la reforma sobreestima el superávit fiscal de caja operativo y subestima el endeudamiento del Estado, afectando decisiones presupuestarias, asignaciones de gasto, variables macro claves, etc. Es probable que, si no se pudiera engañar con este tipo de “contabilidades creativas”, la reforma provisional sancionada este año, en tiempo récord y sin consulta, hubiera merecido una reflexión mayor, dado que ha implicado un aumento del endeudamiento público hacia delante de una magnitud difícil de calcular y con un costo para las futuras generaciones claramente escondido.

Pero, aunque es un ejemplo importante, no es el único respecto a los problemas de la contabilidad pública. Otro, muy evidente, surge del invento de separar los ingresos y gastos corrientes, de los pagos de intereses y renovación de duda. En efecto, cuando se habla de superávit fiscal, se habla de sobrantes de caja “antes” del pago de intereses y amortizaciones de capital. Se podría argumentar que, dado que un país “vive para siempre”, el capital siempre puede renovarse y no se requiere contabilizarlo como un compromiso de caja. Esto puede ser cierto para países en donde el tamaño del mercado de capitales local es lo suficientemente amplio, o su acceso al mercado de capitales internacional casi ilimitado (si es que tales países existen). Ciertamente, ese no es el caso de la Argentina. Si el superávit de caja no resulta suficiente como para pagar los intereses y mantener la deuda al menos constante en términos de producto, el camino al default es inexorable. En especial en contextos en donde vence “deuda de convocatoria” con intereses bajos y se renueva como “deuda de mercado” con intereses altos. Esa ha sido la historia de las diferentes cesaciones de pago en que ha incurrido la Argentina. Con estos antecedentes, la información relevante para el diseño de políticos públicas y la toma de decisiones privadas es el superávit total, y el endeudamiento, no el superávit operativo de caja. Este último es un buen dato para “autoengañarnos” pero nada más. Si la información se brindara en forma correcta, nuestros gobernantes se cuidarían mucho de alegrarse por lo que le están “robando” a los tenedores de deuda indexada, al mentir con la inflación. (En realidad “nos” están robando, como ahorristas en las AFJP y en el sistema financiero): Como ya expliqué más de una vez, cada vez que el INDEC miente sobre la tasa de inflación que representa el CER, los bonos ajustados caen de precio hasta igualar su rendimiento con la “verdadera” tasa de inflación. Esto hace que la tasa de interés implícita en dichos bonos-que es la tasa de interés “testigo” de la economía- se equipare con la “tasa de inflación estimada por el mercado” y no con la del INDEC. De manera que lo que el gobierno cree que se “ahorra” en el ajuste por CER de la deuda ya colocada, lo terminará pagando en la deuda que renueva, si es que le prestan, y lo terminan pagando todos los deudores privados en la Argentina, dado que la tasa de los créditos sube en proporción a la suba de la tasa implícita en los bonos. En otras palabras, si se informara el superávit total y se tuvieran en cuenta los “intereses devengados” por las renovaciones de deuda, quedaría explicitado que hemos iniciado un nuevo y peligroso camino, renovando deuda a más del doble de la tasa de interés implícita  en la deuda que vence. Tal como sucedió a finales de la década del 90 con las renovaciones de la deuda del Plan Brady y que nos llevaron lenta, pero inexorablemente, al default del 2001.

Otro ejemplo más de los problemas de políticas que se derivan de la mala contabilidad pública es el de las obras de infraestructura.

En efecto, en la contabilidad pública no existe el concepto de “amortización de los bienes de uso”. De manera que los gastos de mantenimiento de los edificios, puentes, centrales atómicas, rutas, caminos, etc. No se contabilizan, ni se preveen. Así, también se subestiman los gastos y no se asigna intergeneracionalmente en forma correcta.

Me explico. Las obras públicas que benefician a varias generaciones deberían financiarse con deuda. Y en cada presupuesto anual, asignarse la amortización de la deuda, junto con los gastos anuales de mantenimiento de la obra en cuestión. De esa manera, cada generación pagaría “su parte” de la obra, en proporción a su “beneficio de uso”. Este esquema contable permitiría planificar y decidir en forma correcta la obra pública, reflejando lo que cuesta hacerla, mantenerla y renovarla. Obviamente, una correcta privatización y concesión permite superar, al menos parcialmente estas cuestiones, dado que el operador privado asume la responsabilidad de invertir y operar eficientemente, incluyendo en la tarifa la amortización de capital y los gastos de mantenimiento. Pero, este esquema no soluciona el “problema del último período de la concesión” y además hay ciertas obras difíciles de concesionar o privatizar. Sin tener en cuenta, dicho sea de paso, que con lo sucedido con los contratos desde el 2002, resultará difícil volver a convencer a los privados de contratar con el Estado argentino-salvo regalos, subsidios y prebendas que engrosarán, sin contabilizarse, seguramente, nuestro gasto público ineficiente-.

Cuando se escriba la historia, una cosa que las generaciones futuras le “agradecerán” al gobierno de Kirchner será el deterioro en infraestructura, en general, al que su “congelamiento” de tarifas y falta de renovación adecuada de los contratos nos ha condenado. Y el sobrecosto operacional que tendrá que enfrentar el sector productivo privado en los próximos años para compensar ese deterioro.

Sin contar las inversiones productivas que no se harán en el país por falta de dicha infraestructura pública.

Por último, el tema central. Toda la contabilidad pública, en este tema al igual que la privada, al menos formal, no tiene “ajuste por inflación”. De manera que no se separan los ingresos “reales” de los “nominales”, ni tampoco los gastos.

Aquí también, esto induce a graves errores de políticas públicas (algo que también está pasando en el sector privado, por no mirar el negocio en “términos reales”).

Por ejemplo, ¿Cómo medir la perfomance del ente recaudador, si no se separa el efecto de la inflación?.

¿Cuál es el verdadero crecimiento del gasto? ¿Cuál es el efecto neto sobre la deuda indexada, comentado más arriba? ¿Cómo se reflejan los cambios, cuasi aleatorios, en precios relativos que generan contextos de alta inflación en ingresos y gastos públicos?

¿No sería interesante tener un renglón en las cuentas públicas que reflejara claramente la recaudación del “impuesto inflacionario” para medir, con más precisión, la presión tributaria y a quienes se les cobra?

Luca Paccioli era un científico creyente. Como todos los científicos creyentes su tarea y obsesión consistía en encontrar, en la ciencia, las pruebas del origen divino del hombre. (algunos siglos después, Einstein intentaría lo mismo con el Universo), Su “descubrimiento” fue el “número de oro”, la “divina proporción”. Una ecuación que establece proporciones y simetrías luego respetadas e inmortalizadas por artistas plásticos y arquitectos. De hecho, esa proporción inspiró gran parte de la tarea artística de Leonardo (sus dibujos ilustran el libro de Paccioli).

Lo que no imaginó este fraile franciscano es que su método contable también tendría fines religiosos. Permitiría, con algunas trampas por cierto, explicar porqué, después de cuatro años, también los argentinos hemos salido del infierno y nos acercamos, lentamente, a la divinidad.
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