El juicio por el 'caso Funeraria' se reanuda tras el paréntesis vacacional

Fuentes jurídicas indicaron que el interventor del Ayuntamiento en el momento de la venta, Vicente Arnau, inaugurará las sesiones tras el paréntesis vacacional. La Fiscalía de Madrid sostiene que los acusados, entre los que figuran el ex diputado popular Luis María Huete y los ex concejales del PP Antonio Moreno y Simón Viñals, hicieron caso omiso a las advertencias de Arnau en contra de la adjudicación del 49 por ciento de las acciones de la funeraria municipal a Funespaña.

Según el fiscal, el interventor fue "el único asesor realmente cualificado en materia económica y contable" que se pronunció sobre la propuesta de Funespaña para optar a la adjudicación de la Empresa Mixta.

Entre otros extremos, según el Ministerio Público, Arnau advirtió en un informe de que había que compensar o condonar la deuda de más de 2.274 millones de pesetas "antes, y no después, de calcular el valor neto patrimonial para determinar el precio" de la venta del 49 por ciento de las acciones.

De no ser así, alertó Arnau, "se iba a generar a cargo del Ayuntamiento un ingreso extraordinariamente a favor de la sociedad ya privatizada por ese importe".

Igualmente, el funcionario recomendó que actuando como él proponía el valor neto patrimonial sobre el que debía calcularse el precio no era negativo, sino que "resultaba superior a los 2.274 millones de pesetas, por lo que el 49 por ciento se elevaba por encima de los 1.098 millones de pesetas".

Pese a la advertencias, los concejales populares votaron a favor de la propuesta y lograron la mayoría. Así, el Pleno Municipal aprobó el 22 de diciembre de 1992 formalmente la adjudicación.

Otro de los testimonios que tendrá lugar tras el parón de las vacaciones es el del ex gerente de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios, Francisco José Yánez, el principal testigo de cargo de la Fiscalía de Madrid.

Pese a que los imputados apuntaron en sus declaraciones a Yánez como la persona que tomó las decisiones respecto a la privatización, la tesis del fiscal mantiene que los procesados desatendieron "los requerimientos y las propuestas" del gerente para adoptar soluciones a mejorar o simplemente no empeorar de modo innecesario la situación financiera de la empresa.

En la instrucción del caso, el ex gerente, cesado en 1992 por oponerse a la venta, declaró que la orden de privatizar salió de la cúpula del PP y, en concreto, señaló a la actual presidente de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, como la "promotora" del proceso. Además, desveló que la venta se produjo "cuando se esperaban ingresos cuantiosos" para la Empresa Mixta.