... Y Alaya, ere que ere

A alguno que yo me sé le han tenido que poner los pelos de punta, como escarpias, al conocer el último auto de la jueza Mercedes Alaya sobre el turbio asunto de los expedientes de regulación de empleo fraudulentos pagados por la Junta de Andalucía. La magistrada no se ha cortado un pelo y afirma textualmente "en el presente procedimiento, se investiga una trama para la concesión ilícita de parte de estas ayudas, y en la que habrían indiciariamente intervenido altos cargos de la Junta, intermediarios -despachos de abogados, compañías aseguradoras, sindicatos-, empresarios y los concretos beneficiarios de tales ayudas". No obstante, añade, "hasta ahora, y por ausencia de documentación e información policial dado el escaso tiempo transcurrido desde que la Guardia Civil se hizo cargo de la investigación, sólo se ha podido tomar declaración a imputados que estarían situados en el último escalón de la pirámide". Vamos que, entre la trintena de imputados en el caso, además de ex consejero de Empleo ya imputado, Antonio Fernández, el exdelegado de Empleo de la Junta en Sevilla, Antonio Rivas; el exdirector de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero, el sindicalista Juan Lanzas, el exdirector general de Mercasevilla, Fernando Mellet, o su antiguo director adjunto, Daniel Ponce, esta "pirámide de la corrupción" podría escalar hasta una cúpula que podría llegar, quién sabe, hasta lo más alto de la Administración andaluza. ¡Uf, qué miedo! Y en plena campaña electoral.

No me extraña que el más eficaz de los voceros socialistas, el ínclito hermano de mi henmano, el demagogo populista que encabeza por enésima vez la candidatura socialista por Sevilla, aquel que enterró a Montesquieu y que tuvo que dimitir de la vicepresidencia del Gobierno de Felipe González por diversos asuntos de corrupción, Alfonso Guerra, haya empuñado el hacha del idem y atacado sin piedad a la jueza acusándola veladamente de tener una antigua amistad con el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, y de estar al servicio del PP. La acusación ha tenido que ser analizada por el Consejo General de Poder Judicial que considera que "no resultan de recibo las referencias que invaden la esfera personal mediante descalificaciones -veladas o explícitas- que atentan contra el respeto que merece la dignidad personal constitucionalmente garantizada" de la jueza. Además, el máximo órgano de los jueces recalca que "el rechazo a tales discrepancias es mayor en cuanto contienen insinuaciones claramente vejatorias por la condición de mujer de la magistrada aludida". Y aunque no entra a valorar estas boutades de Guerra que, según afirma el voto particular de Almudena Lastra, pueden ser justificables en una campaña electoral, el CGPJ sí pide al candidato por Sevilla que no invada la esfera personal de la magistrada. Hombre, todos sabemos que hay muchos nervios en el PSOE, pero alguien (quizás el propio Pepe Griñán) debería de pararle los pies a un "bocazas" que lo único que puede conseguir metiendo en campaña el asunto de los EREs y sus ataques a Alaya, es que pierdan aún más votos de los que ya han perdido.

Y es que Guerra se olvida de que, según ha reiterado el PSOE andaluz en numerosas ocasiones, ha sido la propia Junta de Andalucía la que ha puesto el fraude de los EREs fraudulentos en manos de la Justicia, lo que, de ser cierto, que no lo es, nos llevaría a la paradoja del "cazador cazado". Vamos, que algunos no se podían imaginar que el Caso Mercasevilla, que fue el inicio de todo este embrollo que tanto dinero nos ha costado a los andaluces, se iba a quedar en un grano de arena conforme avanzaban las investigaciones de la jueza Alaya. De todas formas, me da la impresión de que quien va a pagar el pato de esta polémica, no va a ser Alfonso Guerra, sino el candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán. Las investigaciones de la jueza Alaya, van para largo y es muy posible que la posible imputación de los más altos escalones de la pirámide no se produzca hasta principios del año que viene, es decir, a escasos meses de las elecciones autonómicas. Si hay algún aforado, el caso pasará a Tribunal Superior de Justicia de Andalucía o al Tribunal Supremo, algo que el PSOE hubiera deseado que pasara hace tiempo para que Mercedes Alaya dejara la investigación. Mientras tanto, los dos factores que están marcando la campaña del 20-N en Andalucía -el factor paro y el factor Alaya- parecen empeñados en darle la puntilla un socialismo hasta ahora hegemónico y a partir de ahora en franca retirada. Y veremos qué ocurre dentro de solo diez días.