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Por el caso de las escuchas de la trama Gürtel

La Fiscalía se posiciona con Garzón a favor de apartar a 5 de los 7 magistrados encargados de juzgarle

La Fiscalía se posiciona con Garzón a favor de apartar a 5 de los 7 magistrados encargados de juzgarle

viernes 11 de noviembre de 2011, 17:46h
La Fiscalía del Tribunal Supremo ha informado este viernes a favor de la petición del juez Baltasar Garzón para apartar de la causa a cinco de los siete magistrados que el próximo día 29 tenían que juzgarle por autorizar la intervención de las conversaciones mantenidas por los cabecillas de la 'trama Gürtel' con sus abogados en prisión.
En un escrito de nueve páginas que ya tiene sobre la mesa el aalto tribunal la Fiscalía señala que deben estimarse, sobre bases objetivas, "las sospechas o recelos que el recusante manifiesta en su escrito de recusación" respecto de la existencia de una falta de imparcialidad objetiva de los cinco magistrados para enjuiciarle.

   Los  recusados son el presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra, y los magistrados Julián Sánchez Melgar, Juan Ramón Soriano, José Manuel Maza y Perfecto Andrés. La defensa de Garzón, que ejerce el abogado Francisco Baena Bocanegra, argumenta que están "contaminados" porque han participado en la instrucción del caso rechazando los recursos por él presentados.

   Así lo estima en su escrito el Ministerio Fiscal, que reconoce que los recursos de apelación dictados por los recusados contra las resoluciones del instructor del caso, Alberto Jorge Barreiro, tienen un "alto grado de complejidad y hondura en el tratamientos de los temas".

   A ello se añade según la Fiscalía una "situación estructural" -el hecho de que cinco de los magistrados que integran la Sala sean los mismos que resuelven los recursos- "que favorece y obliga casi necesariamente a los magistrados (...) a anticipar valoraciones que les sitúan al borde o de lleno en una apariencia de falta de imparcialidad".

   El informe de la Fiscalía analiza pormenorizadamente cada uno de los autos firmados por los magistrados para concluir que deben estimarse los argumentos de Garzón.

   El magistrado suspendido ya logró el pasado mes de junio que se apartara de la causa a los siete magistrados inicialmente designados para juzgarle por un supuesto delito de prevaricación que habría cometido al investigar sin competencia los crímenes y desapariciones del franquismo. En este caso, las recusaciones tardaron 6 meses en tramitarse.

    Con respecto a Andrés Ibáñez la defensa de Garzón en este caso, que ejerce el magistrado Francisco Baena Bocanegra, aduce "falta de imparcialidad objetiva" exteriorizada en un artículo publicado por este magistrado en la revista de la asociación Jueces para la Democracia (JpD) bajo el título "No se debe opinar -y menos aún informar- con las tripas. Imprescindible ejercicio de contextualización".

   El tema de este artículo es precisamente el procedimiento seguido contra Garzón por autorizar la intervención de las comunicaciones en el "caso Gürtel" y el papel seguido por el instructor de la causa, Alberto Jorge Barreiro, de quien el recusado hace una "encendida defensa".

   A juicio de la defensa de Garzón, Perfecto Andrés Ibáñez hace en su artículo valoraciones de fondo sobre el asunto que está llamado a enjuiciar, considerando que los autos de Garzón relativos a la investigación de la trama corrupta no estaban suficientemente motivados.

   A este respecto, la Fiscalía concluye que "la simple lectura del artículo evidencia que se contienen en el análisis que se efectúa prejuicios suficientes para considerar concurrente cualquiera de las causas del artículo 219" de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que es el que regula las causas concretas de recusación. Ello justifica la no participación de Andrés Ibáñez en el enjuiciamiento, según el Ministerio Público.

   Las recusaciones planteadas por Garzón, que atendiendo a los antecedentes podrían retrasar el inicio del juicio incluso hasta el año próximo, invocan la doctrina tanto del Tribunal Europeo De Derechos Humanos (TEDH) como del propio Tribunal Supremo respecto de las aceptadas en la causa de la memoria histórica.

   Por esta causa, la fiscal del Supremo Pilar Fernández Valcarce solicita la absolución de Garzón, mientras que las acusaciones ejercidas por el abogado Ignacio Peláez y los imputados en 'Gürtel' Francisco Correa y Pablo Crespo consideran que ha incurrido en prevaricación y en un delito contra las garantías constitucionales, por lo que piden que sea inhabilitado.

   El abogado Ignacio Peláez, que defiende al empresario José Luis Ulibarri en el caso 'Gürtel' y fue el autor de la querella inicial contra Garzón, pide 10 años de inhabilitación para el juez.

  Por su parte, Correa califica los hechos como un delito de prevaricación judicial continuada, por el que pide que pague una multa de 3.240 euros e inhabilitación por 15 años y otros dos años por un delito contra las garantías constitucionales.

   Si este incidente de recusación no logra evitarlo, el juicio por las escuchas de la trama Gürtel será anterior a los que están pendientes de celebrarse también contra Garzón por investigar presuntamente sin competencia los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo y por los cobros que supuestamente percibió del Banco Santander por participar en varios cursos en la Universidad de Nueva York en 2005 y 2006.
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