Indefensión injusta

Un estado de derecho que se considere mínimamente serio y riguroso no puede consentir las habituales filtraciones, a algún medio de comunicación, de casos que están bajo secreto de sumario. Los afectados, a los que asiste la presunción de inocencia proclamada por la Constitución, son directamente condenados en lo que se conoce como "pena del telediario" y su indefensión es totalmente injusta. Por supuesto, si resultan culpables al final de proceso judicial correspondiente, tendrá que caer todo el peso de la Ley sobre ellos, sea cual sea su condición social, política, religiosa o territorial. Sin embargo, en España, aquellas personas de cierta relevancia e interés para los medios de comunicación y para la sociedad, que son relacionados con supuestos casos de corrupción, cohecho, prevaricación, etc... son condenados de antemano aunque después sean inocentes. Y la culpa no es de los periodistas que se la juegan y hacen bien su trabajo por contar lo que algunos pretenden ocultar. Casos de inocencia probados recientemente con sentencias y autos judiciales donde el afectado tuvo que soportar el deshonor y el rechazo público: Demetrio Madrid, ex presidente socialista de la Junta de Castilla y León; José Manuel Soria, responsable del PP en Canarias y la deportista Marta Domínguez.

Estos dos últimos resistieron y ganaron pero quedaron tocados con el estigma de la duda. Es imprescindible una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, como la que se ha quedado pendiente en el Congreso por el adelanto electoral, presentada por el ministro Francisco Caamaño, que cambie el procedimiento e impida este tipo de filtraciones que condicionan demasiado el devenir diario de la convivencia democrática. En la actualidad, sufren este tipo de situaciones el ministro de Fomento, Jose Blanco; el ex presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, ya iniciado su juicio después de muchos meses de especulaciones, y el más preocupante es el de Iñaki Urdangarín, por su relación con la Corona, por la polémica en torno a la institución que se ha creado y por la falta de control de quienes debían haber evitado un comportamiento poco ejemplar. La reacción de la Casa del Rey apartando al marido de la Infanta Cristina de las actividades oficiales es una medida adecuada y su iniciativa de no admitir juicios paralelos ni nocivos, cocinados por elementos indeseables, sólo la acción de la Justicia, es imprescindible para garantizar la estabilidad y el futuro de la Monarquía que en España tiene sólidos cimientos en Don Juan Carlos y en el Príncipe de Asturias, con transparencia en las cuentas.