Hacer más con menos, subir los impuesto del trabajo personal, rebajar los sueldos de los funcionarios, reducir el personal, congelar la oferta de empleo público...Un nuevo concepto del sector público parece recorrer en los últimos años la mayoría de los países de Europa, basado en la idea de que toda reducción del sector público redundará en una mejora para los ciudadanos .Esta mejora para los ciudadanos, se afirma, conllevará incluso una mejora en la calidad de los servicios prestados.
Las ideas que ahora se pregonan no son nuevas. Ya formaron y configuraron parte sustantiva de la ideología neoliberal, puestas en práctica, entre otros, por Reagan y Thatcher. En ambos casos, sirvieron para que sus líderes redujeran de forma sustantiva el tamaño del Estado (Reino Unido) y los servicios prestados (EEUU).Los primeros ejemplos de privatización se generan en esta época así como los iniciales intentos de gestión público-privada .Sin embargo, resultado de aquella época son también sonoros fracasos como la gestión de los ferrocarriles ingleses y de los aeropuertos de Estados Unidos. La lucha entre las dos concepciones tiene ya varios lustros y refleja o contiene una carga ideológica considerable, que es tradicional en el combate electoral entre la izquierda y la derecha. Sin embargo, la izquierda también ha privatizado servicios públicos y ha disminuido el tamaño del Estado tradicional, reduciendo el ámbito de su actuación y abandonando sectores económicos como la energía, las telecomunicaciones o la banca.
Nada nuevo, pues, que en periodos de crisis económica, de una profundidad tal que comienza a comparársela con la de los años treinta del pasado siglo, el debate se traslade a los países europeos, herederos tras la segunda guerra mundial de un Estado del Bienestar que la socialdemocracia, con diferente intensidad en cada país, se encargó de generalizar. En Europa, el proceso empieza después de la segunda guerra mundial y puede considerarse ya extendido a principios de los años sesenta. En España, el proceso es muy posterior: comienza a principios de los sesenta y, con altibajos, puede considerarse consolidado cuando termina a finales de los setenta nuestra transición democrática. No obstante, no es hasta los ochenta cuando se extiende definitivamente y se universaliza la educación y la sanidad pública. La novedad estriba en que en países como el Reino unido y España el proceso de privatizaciones ha dejado al sector público con una dimensión razonable. En España, las privatizaciones, iniciadas tras la nacionalización de Rumasa siendo ministro de economía Miguel Boyer, continuaron con sectores económicos importantes (bancos, empresas industriales, de servicios, de telecomunicaciones). Este afán de saneamiento de las cuentas públicas ha continuado con los gobiernos socialistas y populares. En el caso de los socialistas hasta las últimas semanas del gobierno de José Luis Rodriguez Zapatero (intentos de privatización del Organismo de Loterías y AENA).
Sin embargo, una mirada más profunda al sector público estatal, permite distinguir entre lo que corresponde al Estado -Administración general y los correspondientes a las administraciones de las Comunidades Autónomas y de los ayuntamientos y diputaciones. La realidad pone de manifiesto que al mismo ritmo que decrecía el sector público de la administración general se incrementaba el de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales. En efecto, de aproximadamente 2.700.000 personas que trabajan para el sector público en España, 1.345.000 pertenecen a las CCAA y 650.000 a las corporaciones locales, mientras que los pertenecientes a la Administración General del Estado no alcanzan los 600.000 (incluyendo Fuerzas y Cuerpos de seguridad y Fuerzas Armadas).
El dato más relevante, es precisamente la disminución del número de personas que pertenecen a la AGE, frente al importante incremento de efectivos de las Comunidades Autónomas y Corporaciones locales, que no es debido únicamente a la transferencia de efectivos sino especialmente al incremento de sus actividades y personal desde 1978.
En el sector público estatal, sólo las Comunidades Autónomas disponen de 1917 organismos (julio de 2010).Esta expansión del sector público de las Comunidades Autónomas que se extiende a organismos autónomos, entes públicos, empresas públicas, fundaciones y agencias, ha supuesto una multiplicación de recursos humanos .En una situación económica como la actual, todas las Comunidades Autónomas, sin distinción de partidos gobernantes, se enfrentan con un déficit financiero del que nos dan cuenta diariamente los medios de comunicación. En algunos casos, la deuda de algunas Comunidades Autónomas ha sido calificada de bono-basura por estas agencias de calificación a las que, por cierto, nadie califica ni recuerda los errores anteriores, origen de la actual crisis financiera.
La disposición adicional segunda del Real Decreto Ley de reforma laboral determina la aplicación del despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción en el Sector Público, que ha supuesto una gran novedad en el funcionamiento del sector público español. La posibilidad legal del despido existía pero la posibilidad real era prácticamente inexistente a excepción de los supuestos disciplinarios. Ahora, no obstante, podrá realizarse por causas económicas (cuando se produzca una situación de insuficiencia presupuestaria persistente durante tres trimestres consecutivos) técnicas (cambios en los medios o instrumentos de prestación del servicio público)u organizativas (cambios en los sistemas y métodos de trabajo del personal).
Se espera una aplicación prudente y mesurada de tan importante cambio de criterio en el sector público y en todo caso, de mucha mayor aplicación en el ámbito de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones locales. En estos dos sectores institucionales el crecimiento en materia de personal y orgánico ha sido evidente. Por el contrario, en el ámbito de la Administración General del Estado, la reducción ha sido continua desde principios de los años noventa.
La crisis económica, en definitiva, puede obligarnos a reducir el número de funcionarios o el tamaño del sector público, pero inevitablemente, la calidad del servicio se resentirá.
* Francisco Javier Velázquez López
Ex Director General de la Policía y de la Guardia Civil
(21 de abril de 2009 - 30 de diciembre de 2011)
Si (
No(
A favor (
En contra (
