Confederaciones de padres de enseñanza pública y religiosa cruzan críticas y "amenazas"

  El presidente de la Confederación Andaluza de Asociaciones Católicas de Padres de Alumnos (Confapa), Juan María Del Pino, criticó este lunes las "amenazas" de las APA de escuelas públicas emitidas a través de la Confederación Andaluza de Asociaciones de Padres de alumnos por la Enseñanza Pública (Codapa), al afirmar su presidenta, Pilar Triguero, que los padres objetores podrían ser tratados como absentistas y condenados a multas o penas de cárcel.

   En declaraciones, Del Pino afirmó que "Codapa como siempre no tienen ni idea de lo que dice, porque el absentismo se da cuando el niño está ausente del colegio, y los hijos de los padres objetores sólo se ausentan de la clase de Educación para la Ciudadanía (EpC)".

   Por ello, consideró que "a Codapa le iría mejor si se preocupara de los problemas que tiene la escuela andaluza y reclamara soluciones directamente a los señoritos de la Consejería de Educación".

   A su juicio, "la Junta está usando a los padres objetores de nuevo como señuelo y artimaña para derivar atención de los andaluces sobre los problemas que sufre la escuela pública andaluza, de los que desgraciadamente todos los padres que pueden salen huyendo, principalmente los hijos de los dirigentes del Gobierno andaluz".

   La presidenta de la Confederación de Asociaciones de Padres de Alumnos por la Escuela Pública (Codapa), Pilar Triguero, advirtió recientemente de que los padres que objeten a la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) pueden ser hasta "multados o condenados a prisión" a propuesta de la Fiscalía de Menores, al ser sus hijos considerados absentistas por la Junta.

   En declaraciones a Europa Press, Triguero dijo que "cualquiera que conozca cómo funciona el programa contra el absentismo de la Consejería de Educación sabe que a cinco faltas del alumno, el programa Séneca activa una alarma y se llama a la familia". En el caso de que ésta no justifique la ausencia del estudiante que no va a clase, el caso pasa a Bienestar Social, que transmite el asunto a la Fiscalía de Menores si ve injustificada la falta al aula.

   En este sentido, explicó que "el derecho a la educación es básico del niño, y como los que objetan a la asignatura son los padres, no los hijos, habrá que pedirles responsabilidades por evitar que estos menores falten a una clase obligatoria".

   Triguero recordó casos de absentismo ocurridos en España que han acabado con sentencias condenatorias contra los padres, condenando a multas económicas e incluso prisión, "porque se vulnera un derecho fundamental del niño".